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Tribunal de México ordena a fiscalía indemnizar a indígenas acusadas ilegalmente

Aquarela 08 (cc)
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Un tribunal de México condenó este miércoles a la fiscalía general por haber arrestado “ilegalmente” a dos mujeres indígenas y acusarlas de secuestrar a seis agentes policiales, una decisión considerada histórica que prevé una indemnización y retractación por parte de la institución.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa “condenó a la Procuraduría General de la República a reparar el daño que les fue ocasionado a las indígenas otomíes del estado de Querétaro (centro)”, indica un comunicado de la institución judicial.

En 2006, Alberta Alcántara y Teresa González fueron arrestadas y acusadas de haber raptado a seis policías de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación, por lo que fueron sentenciadas a 21 años de prisión. Sin embargo, ante la falta de pruebas fueron liberadas después de poco más de tres años.

Este miércoles, el tribunal consideró que las dos mujeres fueron “acusadas y aprehendidas ilegalmente”, por lo que la fiscalía deberá indemnizarles financieramente por “daño patrimonial y moral”, así como reconocer su inocencia en los mismos medios donde fueron publicadas las acusaciones.

Un vocero del tribunal aseguró a la AFP que es la primera vez que esa institución toma una medida semejante de resarcimiento, mientras que las ONG Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Amnistía Internacional calificaron la decisión de “histórica”.

“El mensaje que hoy envía el Máximo Tribunal en Materia Administrativa del país es que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado posee un mecanismo para que las personas que son fabricadas culpables debido a la irregular actuación de autoridades investigadoras tengan derecho a exigir al menos una compensación económica”, estimaron las ONG en un comunicado.

Sin embargo, las organizaciones subrayaron que la reparación total del daño en el derecho internacional contempla, además, que las autoridades del Estado ofrezcan una disculpa pública y castiguen a los responsables de la violación de derechos, lo cual no se aplica en México “de manera integral”.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hay al menos 8.300 encarcelados en México que no accedieron al debido proceso por carecer de un abogado o intérprete.

A finales de octubre, el presidente Enrique Peña Nieto indultó a un profesor indígena que purgó 13 de los 60 años de su condena por un asesinato que no cometió, y a los pocos días, la Suprema Corte de Justicia liberó a un hombre que fue torturado para confesar la masacre de un grupo de jóvenes.

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