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Liberan en Bélgica a presunta miembro de ETA reclamada por España

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La justicia belga liberó a una presunta integrante de la organización separatista armada vasca ETA, María Natividad Jáuregui Espina, prófuga desde 1979, cuya extradición era reclamada por España, informó este miércoles una portavoz de la fiscalía belga.

“María Natividad Jáuregui Espina fue liberada” y dejó la prisión de Brujas, donde estaba detenida, indicó a la AFP la portavoz de la fiscalía, Lieve Pellens.

El Tribunal de Casación rechazó un recurso con el que se buscaba anular la decisión de un tribunal de instrucción que se había opuesto a la extradición, argumentando que había un riesgo para sus derechos, agregó Pellens.

María Natividad Jáuregui Espina, alias “Pepona”, nacida en San Sebastián en 1958, había sido detenida en Gante el 8 de octubre en cumplimiento de dos órdenes de captura, una por “asesinato” y otra por “terrorismo”.

Según el ministerio del Interior español, la mujer fue miembro “del comando Vizcaya entre enero y de julio de 1981, y responsable con el resto de sus miembros de distintas acciones terroristas dirigidas contra las fuerzas de seguridad del Estado”.

Prófuga desde 1979, “Pepona” habría participado “en varios atentados terroristas en los que fueron asesinados dos policías, dos guadias civiles y dos militares, además de provocar heridas graves a varios agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, según el ministerio de Interior español.

Según su abogado, Paul Bekaert, su cliente es acusada de haber hecho guardia en un tiroteo en 1981 en el que un vehículo de la guardia civil española era el objetivo, pero que no dejó ningún muerto, así como de un intento de asesinato de un teniente coronel en Bilbao.

El grupo separatista, considerado organización terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, renunció a la violencia el 20 de octubre de 2011 pero se niega a abandonar las armas y disolverse.

Pasados dos años, la situación sigue enquistada: ETA reclama una negociación con Madrid, especialmente por la situación de los presos, pero el Ejecutivo español se niega a todo contacto y rechaza un acercamiento al País Vasco de los detenidos en otras regiones de España.

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