La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador ordenó el jueves prisión para 20 policías por la ejecución extrajudicial de ocho personas durante un operativo en 2003, que también dejó tres desaparecidos, informó la Fiscalía.
El juez Jorge Blum, de la sala penal de la CNJ, “dispone prisión preventiva para 20 de los 31 procesados por la presunta violación de los derechos humanos”, señaló el organismo.
El 19 de noviembre de 2003, un grupo élite de la Policía ingresó en una farmacia que era asaltada por presuntos delincuentes en la ciudad de Guayaquil (suroeste).
“En esta intervención policial murieron ocho personas: seis presuntos delincuentes, el mensajero de la farmacia y un cliente; y desaparecieron tres personas”, según la fiscalía.
El jueves, el fiscal general, Galo Chiriboga, acudió ante la CNJ para formular cargos por el presunto delito de ejecución extrajudicial, que prevé condenas de 16 a 25 años de prisión. La fiscalía indaga por separado las desapariciones forzosas.
Los policías acusados formaban parte del Grupo Especial Antidelincuencial (GEA), que actuaba “fuera de la ley y de la estructura policial”, lo que conocía el entonces comandante de la institución, dijo Chiriboga en la audiencia judicial.
El GEA fue desmantelado después del polémico operativo.
Chiriboga señaló que el comando desconoció jerarquías y violó procedimientos operacionales, a pesar de lo cual un tribunal policial sobreseyó en 2004 a 20 uniformados vinculados con el caso.
El proceso fue reabierto hace un año, y las nuevas investigaciones determinaron indicios de responsabilidad de los uniformados en la ejecución ilegal y desaparición de víctimas, además de otras irregularidades.
“Los cadáveres fueron movidos de la escena del crimen, no se efectuaron pericias a las armas de dotación que fueron utilizadas el 19 de noviembre del 2003, cuando ciudadanos desarmados fueron baleados y tres personas desaparecieron”, manifestó el fiscal.
El director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía, Fidel Jaramillo, expresó a la AFP que “los casos de violaciones de los derechos humanos son sumamente graves. Ecuador está obligado a investigar todos y cada uno de ellos y sancionar a los responsables”.
Jaramillo indicó que la Fiscalía investiga 139 casos, apoyada en las conclusiones de una Comisión de la Verdad que funcionó por iniciativa del gobierno entre 2007 y 2010.
Ese órgano documentó hechos ocurridos en su mayoría durante el gobierno del expresidente León Febres-Cordero (1984-88, derecha), que murió en 2008 por una enfermedad pulmonar sin haber sido juzgado.
El 1 de octubre, una jueza ordenó el arresto de seis generales y tres coroneles en retiro del Ejército y la Policía por violaciones de derechos humanos ocurridas en ese período.
