Las 16 favelas del Complexo da Maré, cerca del aeropuerto internacional de Río de Janeiro, contarán con cuatro unidades de “policía pacificadora” (UPP), previstas para comienzos de 2014, tras su reconquista de manos de narcotraficantes, anunció el secretario de Seguridad de Río, José Mariano Beltrame.

Un total de 1.500 policías garantizarán la seguridad en este enorme territorio controlado por narcos y donde las fuerzas del orden sólo entran de manera esporádica, indicó.

En el estado de Río, uno de los más violentos de Brasil, el gobierno inició en 2008 una campaña para mejorar la seguridad de cara a la Copa del Mundo de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016.

La policía ha logrado instalarse en varias favelas controladas durante décadas por narcotraficantes o milicianos, sobre todo en la zona más turística del sur de la ciudad.

Al día de hoy, 36 UPP (de las 40 previstas de aquí a 2014) fueron creadas en cerca de 200 de las cerca de 1.000 favelas donde viven unos dos millones de habitantes, o sea un tercio de la población.

El miércoles, 240 policías apoyados por un blindado y un helicóptero participaron en la “Operación Neptuno” para aplicar 51 mandatos de arresto emitidos por la justicia contra traficantes en el Complexo da Maré (zona norte). Este tipo de operaciones precede siempre la instalación de las UPP.

La policía fue recibida a los tiros. Un total de 26 presuntos narcotraficantes fueron arrestados.

Beltrame anunció asimismo la creación de dos comisarías en la mayor favela de Rio, Rocinha (zona sur), donde ya fueron instaladas UPP.

Fue en la Rocinha donde desapareció en julio pasado el albañil Amarildo de Souza, de 47 años, casado y padre de seis hijos, tras ser interrogado por la policía en la UPP local.

Su cuerpo nunca fue hallado. El caso se convirtió en una de las causas de los manifestantes que reclaman al impopular gobernador de Rio, Sergio Cabral, informaciones sobre la suerte de la víctima, bajo el lema: “¿Dónde está Amarildo?”.

Acusados de secuestro, tortura, asesinato y ocultamiento de cadáver, el comandante de la UPP de la Rocinha y otros 12 policías sospechosos fueron encarcelados y pueden ser condenados a entre 9 a 33 años de prisión.