En el marco de la investigación por cuasidelito de homicidio, tras el tsunami de 2010, que encabeza la fiscal Solange Huerta, la fiscalía ordenó toma de declaraciones de autoridades locales, que pudieran aportar en la indagatoria. La diligencia obedece a los antecedentes recopilados en el último simulacro de catástrofe registrado en el Bío Bío.

La orden emanó desde la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, donde la fiscal a cargo de la causa Solange Huerta, instruyó a la Policía de Investigaciones para la toma de declaraciones a diversas autoridades de la región del Bío Bío.

Un equipo de la PDI nivel central llegó a la zona para entrevistar al director regional de la Onemi, Gonzalo Arroyo, el Intendente del Bío Bío Víctor Lobos, los directores comunales de emergencia de Talcahuano y Tomé, además de la gobernadora de Concepción Claudia Hurtado.

La toma de declaración se remite al actuar de los servicios públicos, el recién pasado 15 de octubre, día de simulacro de catástrofe regional, con el propósito de conocer la función que cada uno de ellos asumió, la organización, forma y personas responsables de la medición de las actividades desarrolladas, especialmente en relación a tiempos de evacuación en Tacahuano y Tomé, en particular el balneario de Dichato, además de la localidad de Llico, según relata la orden emanada desde Santiago, con fecha 4 de noviembre.

La diligencia deberá ser parte de un informe que la policía deberá remitir al Ministerio Público dentro de 10 días.