El derrocado presidente egipcio, Mohamed Mursi, reivindicó este lunes su legitimidad, al abrirse en El Cairo su juicio por presunta “incitación al asesinato” de manifestantes, el que fue aplazado hasta el 8 de enero.
En su primera aparición pública desde que lo derrocó y arrestó el ejército, el primer mandatario egipcio elegido democráticamente aseguró que seguía siendo “el presidente de la República”, añadiendo que había que juzgar a los “líderes” del “golpe militar” que lo derrocó, el pasado 3 de julio.
En son de reto, Mursi llegó vestido de traje, en lugar de la ropa blanca que se pone a los detenidos.
“Soy el doctor Mohamed Mursi, el presidente de la República”. “Este tribunal es ilegal”, dijo.
“Esto fue un golpe militar. Hay que juzgar a sus líderes”, puntualizó, añadiendo: “El golpe es una traición y un crimen”.
Al iniciarse la audiencia, otros dos islamistas acusados, Esam al Erian y Mohamed al Beltagui, ambos importantes dirigentes de los Hermanos Musulmanes, habían coreado “¡Abajo la ley militar!” y aplaudieron a Mursi cuando entró a la sala.
Afuera del tribunal, manifestantes denunciaban un proceso que consideran amañado, ante una fuerte vigilancia policial y militar.
Partidarios del mandatario islamista derrocado, en prisión o diezmados por la implacable represión de las autoridades instaladas el 3 de julio por el Ejército egipcio, habían llamado a la movilización este lunes. Miles de partidarios de Mursi se congregaron ante el tribunal constitucional, en el sur de El Cairo, mientras que decenas más esgrimían carteles con fotos de Mursi y críticas a los militares.
“El juicio de Mursi es un juicio de fachada. Los criminales están juzgando al presidente legítimo”, afirmó un simpatizante de Mursi, Ibrahim Abdel Samd.
Las autoridades habían desplegado a 20.000 hombres en El Cairo, macrociudad de 20 millones de habitantes, y aseguran que están listas para responder a cualquier posible acto de violencia.
Mursi responde por “incitación al asesinato” de siete manifestantes ante el palacio presidencial, en diciembre pasado.
Mursi, que estuvo apenas un año en el poder, estaba detenido a manos del ejército en un lugar secreto desde su derrocamiento. Los días previos a su caída, millones de egipcios salieron a las calles pidiendo su partida, acusándolo de acaparar el poder en beneficio de su movimiento, los Hermanos Musulmanes.
Posteriormente, el nuevo poder ha reprimido de forma sangrienta a los manifestantes pro Mursi, en particular desde el 14 de agosto, cuando policías y soldados mataron a cientos de sus partidarios al dispersar una protesta en El Cairo. Desde entonces, más de mil manifestantes han muerto y más de 2.000 miembros de los Hermanos Musulmanes fueron detenidos, incluidos sus principales líderes.
Mursi, que podría ser condenado a la pena de muerte o a cadena perpetua, llegó el lunes en helicóptero al tribunal, situado en la academia de policía, adyacente a la prisión de Tora, en la que están encarcelados los principales dirigentes de los Hermanos Musulmanes.
Con él había 14 co-acusados, ex dirigentes de la cofradía y miembros de su guardia personal, también acusados de “incitación al asesinato” el 5 de diciembre de 2012. Ese día, tras seis meses en el poder, Mursi estableció por decreto situarse por encima de todo control judicial, lo que motivó las manifestaciones ante su palacio.
Estimando que la policía no había conseguido proteger al presidente, los Hermanos Musulmanes pidieron a sus partidarios que desalojaran a los manifestantes. Este recurso a la violencia reforzó a la oposición que, seis meses más tarde, salió a la calle para reclamar la salida de Mursi, lo cual se produjo cuando lo derrocaron los militares.
Para Amnistía Internacional, este proceso es un “test” para las autoridades interinas. Para la ONG, si el juicio no es “justo”, cabe pensar que pueda tener “motivaciones ocultas”.
Para Shadi Hamid, del Brookings Doha Center, es imposible que este juicio, “ante todo político”, “sea libre y justo”.
Por su parte, las autoridades egipcias interinas han negado cualquier intención política.
