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Egipto juzga a Mohamed Mursi cuatro meses después de su derrocamiento

Archivo | Oxfamnovib (CC) – Flickr
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El derrocado presidente islamista egipcio, Mohamed Mursi, llegó este lunes al tribunal de El Cairo que debe juzgarlo por “incitación al asesinato” de manifestantes, mientras policías y soldados vigilan la capital a la espera de la reacción de sus partidarios.

El primer jefe de Estado elegido democráticamente en Egipto, que estuvo apenas un año en el poder, estaba detenido a manos del ejército en un lugar secreto desde su derrocamiento, el 3 de julio. Los días previos a su caída, millones de egipcios salieron a las calles pidiendo su partida, acusándolo de acaparar el poder en beneficio de su movimiento, los Hermanos Musulmanes, y de querer islamizar la sociedad a marchas forzadas.

Sus partidarios, en prisión o diezmados por la implacable represión de las autoridades instaladas el 3 de julio por el Ejército egipcio, han llamado a la movilización este lunes, con lo que es de temer que haya nuevos enfrentamientos violentos.

Y es que el nuevo poder ha reprimido de forma sangrienta a los manifestantes pro Mursi desde el 14 de agosto, cuando policías y soldados mataron a cientos de sus partidarios al dispersar una protesta en El Cairo. Desde entonces, más de mil manifestantes han muerto y más de 2.000 miembros de los Hermanos Musulmanes fueron detenidos, incluidos sus principales líderes.

El juicio tiene lugar en la academia de policía adyacente a la prisión de Tora, en El Cairo, en la que están encarcelados los principales dirigentes de esta cofradía.

Mursi, que podría ser condenado a la pena de muerte o a cadena perpetua, llegó este lunes de mañana en helicóptero al tribunal, según anunció a la AFP el jefe de la policía cairota, Osama al Soghayar.

Con él están 14 coacusados, ex dirigentes de los Hermanos Musulmanes y miembros de su guardia personal, que responderán también de “incitación al asesinato” el 5 de diciembre de 2012, cuando siete manifestantes murieron delante del palacio presidencial en unos enfrentamientos.

Las autoridades han desplegado a 20.000 hombres en El Cairo, macrociudad de 20 millones de habitantes, y aseguran que están listas para responder a cualquier violencia.

Para la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional, este proceso es un “test” para las autoridades interinas.

La ONG les insta a “conducir a Mohamed Mursi a la audiencia y concederle el derecho a un proceso justo, sobre todo para permitirle rebatir las pruebas que puedan presentarse contra él ante el tribunal”.

“Si no es el caso, se podrán formular cuestiones en cuanto a las motivaciones ocultas de este proceso”, añade la organización internacional.

Aunque según Shadi Hamid, especialista de Egipto en el Brookings Doha Center, “este proceso es ante todo político y es importante, por lo que no hay posibilidad alguna de que sea libre y justo. Recuerda claramente que la sociedad egipcia está profundamente dividida”.

Las autoridades niegan cualquier intención política.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Badr Abdelatty, afirmó el fin de semana a la prensa que Mursi “comparecerá ante un juez de conformidad con el código penal egipcio”. “Nada extraordinario, nada excepcional, tiene derecho a un proceso libre y justo”, comentó.

Al contrario que su antecesor, Hosni Mubarak, juzgado también por la muerte de manifestantes, Mursi ya ha advertido que no cooperará con la justicia, de la que “no reconoce la autoridad”, según la Alianza contra el Golpe de Estado, coalición derivada de los Hermanos Musulmanes que organiza la movilización de sus partidarios.

Sus abogados solo estarán presentes el lunes para vigilar el procedimiento judicial, añadió la Alianza.

Las pocas personas que han podido ver a Mursi en su lugar de reclusión secreto, lo han encontrado decidido a defender su “legitimidad”, surgida de las urnas, como él mismo afirmó en un vídeo difundido la noche de su derrocamiento.

Los hechos que le son reprochados marcaron un importante giro en su presidencia. Tras seis meses en el poder, Mursi estableció por decreto situarse por encima de todo control judicial, lo que motivó las manifestaciones ante su palacio.

Estimando que la policía no había conseguido proteger al presidente, los Hermanos Musulmanes pidieron a sus partidarios que desalojaran a los manifestantes. Este recurso a la violencia reforzó a la oposición que, seis meses más tarde, salió a la calle para reclamar la salida de Mursi y lo consiguió de la mano con los militares.

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