El gobierno de Brasil creó un grupo de inteligencia para controlar actos de violencia durante manifestaciones como las que ocurrieron en los últimos meses, informó el jueves el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo.
El grupo “es para analizar situaciones de abuso, de ilícitos (durante las manifestaciones). Es un órgano de inteligencia que hará seguimiento a situaciones de abuso, modus operandi, quien está detrás (de la violencia), para prevenir. No es para hacer seguimiento a las manifestaciones”, explicó Cardozo en una rueda de prensa en Brasilia.
El funcionario explicó que el grupo estará integrado por la Policía Federal, así como las secretarías de Seguridad de los Estados de Sao Paulo y Rio de Janeiro, donde se han registrado la mayoría de protestas que han degenerado en daños a la propiedad.
“No podemos estar de acuerdo con situaciones de abuso y de ilegalidad que ocurren en las manifestaciones”, agregó el ministro. Aseguró además que las acciones de inteligencia garantizarán la seguridad de los manifestantes, e impedirán que haya quienes desvirtúen las manifestaciones.
Decenas de protestas convocadas en Brasil en las últimas semanas, que inician en forma pacífica, en demanda por mejoras en salud, educación, transporte o en contra del accionar policial contra ciudadanos, terminan en violencia, con detenidos, heridos, vehículos quemados y destrozos diversos.
La policía ha responsabilizado de estos actos a activistas del autodenominado grupo anarquista Black Bloc, con quienes el gobierno ha dicho que busca dialogar para conocer su propuesta.
Vestidos de negro, enmascarados, con un pañuelo o una camiseta envuelta en la cabeza y moviéndose en masa, los Black Bloc han irrumpido en las manifestaciones callejeras en Brasil, donde llaman la atención por la violencia de sus acciones.
El pasado viernes, en Sao Paulo, un grupo de ellos agredió a un coronel policial, durante una protesta que se inició pacíficamente y que fue convocada para exigir mejoras en el transporte público.
La Policía Militar calificó a los agresores de “criminales disfrazados de manifestantes”, y detuvo a 92 personas, a las que responsabilizó también de diversos daños.
La propia presidenta Dilma Rousseff consideró el hecho como una “barbarie antidemocrática” y exigió sanciones.
