El Ministerio del Interior materializó el anuncio realizado el jueves e interpuso una apelación por la suspensión del caso de la toma del ex Congreso en Santiago, además de presentar una queja disciplinaria contra el juez que tomó la medida.

Recordemos que el fiscal Víctor Vidal y los nueve acusados de tomarse la sede del Congreso en la capital en 2011 llegaron a un acuerdo para suspender el proceso en su contra, a cambio de que éstos realizaran trabajo comunitario apoyando la campaña “Marca tu voto”, que tiene relación con el llamado a efectuar una Asamblea Constituyente.

Esto fue validado por el titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Cristián Sánchez, razón por la cual se le abrió un sumario en su oportunidad, a lo que este viernes se sumó una queja disciplinaria presentada por el equipo jurídico del Ministerio del Interior ante la Corte de Apelaciones.

La abogada Ximena Risco explicó que las normas prohíben a funcionarios judiciales realizar actividades políticas, más allá de emitir su voto, a lo que agregó que el juez durante la audiencia del lunes pasado efectivamente habría expresado opiniones de ese ámbito.

Sobre la acusación, el fiscal Sánchez afirmó que “al tribunal le parece que el trabajo comunitario, consistente en una campaña social. En los términos que esgrimió la Fiscalía, es completamente coherente con el proceso histórico que viene viviendo el país en el último tiempo”.

Para el vocero de la Asociación de Magistrados Metropolitana, el juez Eduardo Gallardo, aquí no hay una responsabilidad de su colega.

Sobre ello, explicó que en las suspensiones condicionales del procedimiento, el rol del juez es ejercer un control de plausibilidad, ni siquiera de legalidad.

En el escrito presentado, el Ministerio del Interior adjuntó copia del audio de la audiencia donde se logró el acuerdo.

Cabe mencionar que antes de presentar la queja, los abogados del Gobierno oficializaron la apelación a la suspensión condicional del procedimiento a favor de los imputados por “desacato y atentado contra la autoridad” por la toma del ex Congreso en 2011.