El Consejo Constitucional de Francia denegó el viernes la “cláusula de conciencia” a los alcaldes que se oponen a celebrar bodas gays, recientemente legalizadas.

Los alcaldes opuestos al matrimonio homosexual habían recurrido al Consejo Constitucional, máxima institución judicial del país, para saber si invocar la cláusula de conciencia era acorde con la Constitución.

La ley que autoriza el matrimonio entre parejas homosexuales entró en vigor en Francia el pasado 18 de mayo, tras un intenso debate parlamentario y masivas manifestaciones de los adversarios de la ley.

Pero el Consejo Constitucional dictaminó que los puntos de la ley impugnados por los alcaldes son “conformes a la Constitución”.

El Consejo especificó que el Parlamento, al no prever una cláusula de conciencia en este caso, “quiso asegurarse de que los funcionarios apliquen la ley, garantizando así el buen funcionamiento y la neutralidad del servicio público del estado civil”.

Pero los alcaldes opuestos a oficiar matrimonios entre parejas del mismo sexo -cuyo colectivo reivindica el apoyo de 20.000 ediles- no dan el brazo a torcer y ya anunciaron que recurrirán a la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH).

Ludovine de la Rochère, presidenta del movimiento “Manif pour tous”, que encabezó las manifestaciones contra el matrimonio gay, anunció que los activistas saldrán a las calles.

El presidente francés, François Hollande, había defendido ante un congreso de alcaldes en noviembre 2012 la cláusula de conciencia, antes de dar marcha atrás frente a las protestas de los defensores del matrimonio homosexual.

“No se puede simplemente desechar con un plumazo esta promesa hecha a los alcaldes”, declaró el pasado 8 de octubre el abogado del colectivo de alcaldes ante los nueve miembros del Consejo Constitucional.

Los demandantes, añadió, piden que “cuando los alcaldes o sus adjuntos se nieguen a celebrar un matrimonio entre personas del mismo sexo”, puedan ser remplazados “por un representante del Estado”.

Según un sondeo reciente, el 54% de los franceses están a favor de una cláusula de conciencia para los alcaldes.

Desde que la ley que autoriza los matrimonios homosexuales fue promulgada, algunos alcaldes se han negado a celebrarlos y delegaron esta labor a sus adjuntos o a otros miembros de los concejos municipales.

Los alcaldes que se niegan a oficiar matrimonios entre parejas del mismo sexo o a designar a un adjunto para celebrar la ceremonia son pasibles de cinco años de cárcel y de una multa de 75.000 euros.

El primer matrimonio homosexual en Francia se celebró en Montpellier (sur) el pasado 29 de mayo.

A finales de agosto, cerca de 600 matrimonios entre personas del mismo sexo habían celebrado en las 50 ciudades más grandes de Francia, lo que equivale al 1% del total de matrimonios de ese período, según un balance establecido por la radio France Inter.