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Pacto Nueva Mayoría denuncia ante Contraloría supuesto intervencionismo electoral de la Alianza

David Cortes Serey | Agencia UNO
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La mañana de este jueves el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, junto con el timotel del PPD Jaime Quintana y el vicepresidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, llegaron hasta la Contraloría para denunciar el supuesto uso de recursos públicos para financiar y promover campañas parlamentarias de parte de candidatos de la Alianza. Recursos que saldrían desde el Fondo Social de la República.

Solicitando una pronta fiscalización y la investigación de al menos 13 casos que fueron puestos a disposición de la Contraloría, los dirigentes de la Nueva Mayoría adjuntaron fotografías entre las cuales, según dijeron, se puede ver al diputado Frank Sauerbaum (RN) entregando un cheque al representante de una organización, y otra fotografía de una actividad donde el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla junto a la diputada Mónica Zalaquett, también aparecen entregando un cheque, precisaron.

Andrade recalcó que “lo absolutamente reprochable es que se usa un Fondo que son los recursos de todos los chilenos y que tiene por objeto respaldar iniciativas de las organizaciones sociales, pero se usa para que obtengan provecho político y beneficio político indebido los parlamentarios de la derecha que formalmente entregan el documento, entregan el cheque representativo de esta suma a los dirigentes sociales, en dependencias del gobierno, en gobernaciones, en intendencias y en la propia Moneda”.

Por su parte, el candidato a senador Alberto Undurraga (DC) manifestó que “finalmente lo que hacen es que benefician a campañas específicas, todas en el caso de candidatos a parlamentarios de derecha. Le hemos pedido a la Contraloría que no sólo haga una investigación, sino que rápidamente haga una fiscalización para que esto no se siga repitiendo lo que queda de la campaña y aplique las sanciones a los responsables que corresponda”.

El Fondo Social de la República, según se explica en páginas oficiales del Ejecutivo, “permite financiar proyectos sociales que apoyen y complementen las políticas de inversión social del Gobierno”, los que deben estar orientados a superar la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población y son canalizados a través de gobernaciones e intendencias.

Los proyectos están pensados para financiar infraestructura y equipamiento, con montos que van entre un millón a 30 millones de pesos.

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