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Condenan a ex trabajadores de minera por amenazar a periodistas en Guatemala

Archivo | Hans Scott | Agencia Uno
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Un juzgado de Guatemala condenó este jueves a dos años de prisión a dos ex empleados de una compañía minera de capital estadounidense por amenazar a cinco periodistas durante una protesta de vecinos en 2012 en el norte del país, informó una fuente judicial.

El Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Ciudad de Guatemala declaró culpables de amenazar a los comunicadores a Juan Reyes y Pablo Orozco, quienes laboraban para la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua), subsidiaria de la estadounidense Kappes, Cassiday & Asociados.

El hecho ocurrió el 22 de noviembre de 2012 en el proyecto minero Progreso VII Derivada (conocido como La Puya) en el municipio indígena de San José del Golfo, unos 30 km al norte de la capital, donde la empresa pretende extraer oro y plata, según una licencia emitida por el gobierno en 2011.

De acuerdo con un informe presentado por la Fiscalía durante el juicio, los operarios de la minera intimidaron a los periodistas para que no cubrieran el desalojo de una protesta de vecinos que temen daños ambientales en la zona por la extracción de los minerales.

Reyes y Orozco también amenazaron con “cortar las manos” a camarógrafos que documentaban la manifestación, refirió la acusación de los fiscales en el proceso judicial.

En declaraciones a la AFP, el vocero de la empresa, Rodrigo Maegli, indicó que los sentenciados fueron “subcontratados” para operar en la excavación del proyecto y que todo se trata de “un mal entendido” debido a que los empleados solo buscaban “ingresar a su lugar de trabajo”.

Desde marzo de 2012, los vecinos de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc han realizado bloqueos de carreteras y protestas contra la minera.

Benítez explicó que la documentación para la asignación de los dólares se encontró que su firma fue falsificada en más de 60 solicitudes.

“Recibimos una llamada de un banco del Estado por una irregularidad con mi firma en cinco carpetas, e hicimos la denuncia (…). Ante esa alerta, Cadivi descubrió que no eran cinco, sino más de 60 las carpetas con firmas falsificadas”, añadió Benítez.

“Hubo un solo corredor (de autos) al que en año y medio se le aprobaron 66 millones de dólares”, detalló la ministra .

La funcionaria declinó dar nombres de los deportistas involucrados y aunque reconoció que ya hay detenidos por este caso, no dio mayores detalles.

El Cadivi y otros órganos gubernamentales y bancos revisan las solicitudes de asignación de divisas extranjeras para investigar posibles irregularidades ante las múltiples denuncias de que los dólares vendidos a precio oficial son revendidos en el mercado negro dentro de Venezuela.

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