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Solicitan a la Contraloría que investigue supuestas irregularidades en programa de arborización

Hans Scott | Agencia UNO
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Este viernes solicitaron a la Contraloría General de la República que se pronuncie respecto a las supuestas irregularidades encontradas en el programa “Un árbol por cada chileno” que ha fomentado el Gobierno a través de Conaf.

En la región de Valparaíso, el cuestionamiento se centraliza en que no se sabe cuántos árboles han sido plantados del total destinado para este fin.

Se trata de una solicitud al Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, para que investigue el caso a nivel nacional, en donde se presentan antecedentes de lo que ha ocurrido en Lonquimay, Valparaíso y otros territorios a lo largo de todo Chile.

La petición fue ampliada por el ingeniero forestal Santiago del Pozo, ex director de Conaf en la región Metropolitana, quien sostuvo que en el ámbito urbano se debe investigar cuántos árboles se han plantado bajo el programa de arborización urbana; cuál ha sido la información entregada al parlamento y cuál es la realidad de lo sucedido.

En este sentido, en la región de Valparaíso la preocupación apunta a que solo el 25% de los árboles entregados fueron plantados en el área urbana, por lo que se genera la duda de cuántos árboles fueron destinados para este fin, señaló Santiago del Pozo.

A estos antecedentes, se suma que en 2012 fue condicionado el presupuesto, ya que el parlamento pidió al organismo público que informara trimestralmente el número de árboles plantados, el que debía coincidir con la inversión realizada.

Inversión que hasta ahora es de 5 mil millones de pesos. Es por eso, que la investigación abarca la actividad desde el 2011 a la fecha.

Según Pozo, este problema se origina porque en el programa se definió que se debían distribuir 17 millones de árboles en 4 años, no existiendo los suficientes viveros para su distribución ni las especies, por lo que luego se genera un plan para fortalecer los mismos.

Ante esto, se solicita que a través de la petición hecha a la Contraloría, el programa se reoriente y se aclare con el fin de que sirva a los habitantes.

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