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Ex condenada por hurto reiterado cuestiona políticas de reinserción social en Puerto Montt

Archivo | Cristian Opazo | Agencia Uno
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El caso de una mujer de 28 años, oriunda de Santiago y que actualmente reside en Puerto Montt, hace cuestionar si efectivamente la reinserción social es un derecho al cual tienen acceso todas las personas que han sido condenadas por la Justicia. Sus antecedentes penales le han impedido encontrar trabajo, ya que en todos los lugares donde ha acudido por oportunidades laborales le han cerrado las puertas.

Carolina acumula 17 condenas por hurtos y, por lo mismo, ha conocido varias cárceles del país. Su primera condena judicial la recibió cuando tenía 18 años en Iquique, cumpliendo el último de sus castigos en el penal concesionado de Alto Bonito.

Sin embargo, esta madre soltera de tres niños -de 2, 3 y 13 años- tiene un historial que comenzó en su adolescencia, época en la cual se escapaba desde los hogares del Sename en Santiago. Es huérfana, nunca conoció a sus padres, no tiene estudios, siendo por tanto “la calle” su única escuela.

Está conciente de sus errores, por lo mismo es que no los quiere repetir, sobre todo pensando en el futuro de sus hijos, situación muy difícil de superar por ahora, ya que actualmente está sin trabajo y asegura que se le han cerrado todas las puertas por sus antecedentes penales.

Carolina se encuentra decepcionada de la promocionada reinserción social, porque ha comprobado lo complicado que es desarrollar una vida normal después de un período en la cárcel, sobre todo cuando nadie quiere creer en una condenada por la Justicia, en contraste con las buenas intenciones y directrices que emanan desde el Gobierno.

Lo único que ha conseguido hasta ahora es una cocina que le entregó la Gobernación Provincial de Llanquihue, después que acudió a la entidad por ayuda. También una auditora de Radio Bío Bío comprometió ropa para sus niños tras escuchar su caso. Sin embargo, Carolina no ha podido conseguir un empleo.

No quiere limosnas. Sólo espera una oportunidad para demostrar que un condenado por la Justicia sí puede cambiar, y que las autoridades competentes en la materia se pronuncien, clarifiquen o revisen qué tan efectivos están siendo en la zona los programas de reinserción social, porque al menos en su caso aquello simplemente no existe.

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