Este lunes se inició el juicio contra Juan Ramón Contreras Castro de 38 años, imputado por el homicidio frustrado de oficiales de servicio de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Osorno, además de porte y tenencia ilegal de arma de fuego.

El hecho se remonta al mes de octubre del pasado 2012 cuando los detectives realizaban controles de identidad en las inmediaciones de calle Angulo. Fue allí cuando detienen a una pareja para su fiscalización, instante en que el hombre se da a la fuga saliendo uno de los oficiales en su persecución.

A pocos metros del lugar, el hoy imputado extrajo un arma de fuego calibre 45 percutando el arma en al menos 4 oportunidades y a solo 5 metros de los detectives, hecho por el cual el funcionario de la policía civil se parapetó detrás de un vehículo particular estacionado en la vía pública, que hizo de escudo, recibiendo los impactos de bala.

Posteriormente y con ayuda de carabineros motorizados se logró la detención del hombre que se había adentrado al Río Rahue. Por lo anterior, explicó la fiscal jefe de Osorno María Angélica de Miguel, están solicitando una pena de efectiva de presidio mayor en su grado medio.

La postura del ministerio público, dijo la Fiscal, pretende dar por acreditada la tesis que dice relación con que el sujeto disparó en todo minuto “a matar”, impactos podrían ocasionar la muerte dada la alta potencia del arma. A ello se suma que los funcionarios no portaban chaleco antibalas, pero que de ser así poco y nada habría servido, dado que las placas de éstos no están diseñadas para frenar un impacto de grueso calibre.

Por su parte el abogado defensor, Iván Cárdenas, manifestó que la postura de ello busca demostrar la nula intencionalidad de su representado, de matar al funcionario, lo anterior en base a las declaraciones prestadas por el hoy imputado quien declaró que él disparó para amedrentar a los funcionarios.

El juicio que se inició a las 9 de esta mañana debiera desarrollarse durante el resto de la jornada considerando que el ministerio público ha determinado la presentación de 23 testigos y 6 peritos con los que sustentar su postura.

Recordar que la pena punitiva a la cual apelan los persecutores se agrava en un grado considerando la Ley orgánica de la Policía de Investigaciones que en términos simple aumenta en un grado penal los delitos perpetrados contra funcionarios de servicio.