La Corte de Apelaciones de Santiago pidió a la Superintendencia de Valores y Seguros que informe sus razones para negar a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte la investigación contra el principal controlador de Soquimich, por eventuales infracciones a la Ley de Sociedades Anóminas y de Mercado de Valores.

La presidencia del tribunal de alzada capitalino dio un plazo de 48 horas al ente regulador para informar sus argumentos a la Fiscalía de negar la investigación contra Julio Ponce Lerou y tres de sus ejecutivos, por operaciones realizadas entre 2009 y 2011, en las llamadas sociedades “Cascada”.

En una breve resolución emitida por el presidente del tribunal de alza capitalino, Alfredo Pfeiffer, se admitió a trámite el recurso sobre la base del artículo 19 del Código Procesal Penal, que interpuso el viernes pasado el jefe regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Andrés Montes y se le pide “informe” al Superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma.

La superintendencia le negó al Ministerio Público el acceso al expediente de la investigación que lleva a cabo en contra del controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, argumentando que la decisión “busca mantener la reserva de la investigación”, acotó en su momento Fernando Coloma.

A fines de septiembre, el 4º Juzgado de Garantía de Santiago trasladó a la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, dos causas relacionadas con el ya llamado caso “Cascada”.

De este modo, la fiscal Tania Sironvalle quedó a cargo de la investigación por la querella interpuesta por Julio Ponce en contra de Pablo Echeverría, presidente de Moneda Asset Management. En tanto, el fiscal José Morales quedó a cargo de la querella interpuesta por Mauricio Daza -abogado del accionista minoritario de SQM y sociedades cascadas, Roberto Lobos-, en contra de Julio Ponce.

Las formulaciones de cargos que la superintendencia realizó el 6 de septiembre contra los cuatro ejecutivos cuestionados, describen detalladamente el esquema de operaciones bursátiles que entre 2009, 2010 y 2011 habría permitido generar oportunidades de negocio a una serie de firmas ligadas al controlador de la sociedad, Julio Ponce Lerou, y sociedades que la autoridad denomina cascadas, relacionadas, vinculadas e instrumentales.

Las operaciones descritas por las SVS “presentan características que darían cuenta de una posible concertación entre las partes intervinientes”, dice la formulación de cargos de la entidad reguladora contra Ponce Lerou. Esto, porque muchas de esas transacciones de acciones se realizaron mediante remates con precios “que podrían entenderse distintos a los de mercado”.