Punta Peuco debe existir, aunque la idea sea impopular. Lo digo ante las iniciativas de parlamentarios y movimientos sociales que no quedaron conformes con el cierre del penal Cordillera y ahora van por más.
Razón tienen en sentirse indignados quienes vieron a un general Manuel Contreras, alojado en una cabaña con gendarmes cumpliendo labor de mozos, en circunstancias que está condenado a más de 300 años de cárcel, por los crímenes, con responsabilidad del Estado, más atroces que registra hasta ahora nuestra historia republicana.
Sin embargo, hay que tener en claro que nuestro ordenamiento jurídico, y el de toda nación civilizada, determina que el castigo para un infractor de ley es la privación de libertad, nada más ni nada menos.
Punta Peuco fue concebida no sólo para el cumplimiento de penas de militares, sino que también para autoridades políticas en ejercicio o que hayan tenido un cargo y hasta jueces o fiscales que se vean afectados por penas efectivas de cárcel. ¿Se imaginan a un ministro, un parlamentario o un juez preso en una cárcel junto a reos comunes?
