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Rayén Araya: “No se trata de encarcelar más, sino de ser más eficientes”

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Según los datos de Gendarmería, en nuestro país la población atendida por esta institución es de 97 mil personas, 88 mil son hombres y 11 mil son mujeres. De ellos, cerca de 35 mil están condenados a una pena de reclusión total cerrada. El resto se divide entre quienes están siendo procesados, imputados, detenidos, o con medidas alternativas como remisión condicional o libertad vigilada, entre otras.

Nuestro sistema penitenciario está siendo cuestionado a raíz de lo ocurrido en el Penal Cordillera, los beneficios excesivos de quienes allí permanecían, condenados por violaciones a los derechos humanos y el contraste con las precarias condiciones de la población penal común.

Resulta urgente revisar a qué beneficios pueden optar las personas de avanzada edad, discapacitados, que cumplen reclusión cerrada total, y sobre todo, establecer una política criminal más sofisticada.

No sólo es necesario actualizar algunos artículos de nuestro Código Penal, sino entender que no se trata de una competencia por “encarcelar más”, se necesitan otros mecanismos más eficientes que la privación de libertad en algunos casos, y que consideren la descongestión del sistema de justicia criminal, pero sobre todo, acompañar las decisiones con lo establecido en los estándares internaciolanes de protección a los derechos de los reos.

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