El abogado querellante en el caso Randolph, David Vargas, señaló que fue la Comisión Rettig la que calificó como violación de derechos humanos el crimen de José Randolph en 1985. Ese argumento es el que esgrimirán ante la Corte de Apelaciones de Concepción cuando sea tramitado el recurso de los ex uniformados procesados, quienes buscan la incompetencia del ministro en visita Carlos Aldana.

Ante los casi tres meses que ha estado en tabla el caso de José Randolph, sin que el tribunal de alzada haya procedido a su vista, la hermana de la víctima, Catina Randolph, se reunió este martes con el presidente de la Corte, ministro Juan Rubilar.

El objetivo del encuentro era pedir que se agilice la tramitación del recurso interpuesto por los dos carabineros en retiro encausados por el homicidio de Randolph, lo cual está retrasando un fallo en la causa que instruye el ministro especial para violación de derechos humanos, Carlos Aldana.

Catina Randolph expresó que la solicitud tuvo una muy buena acogida del ministro Rubilar.

Lo que el tribunal de alzada penquista debe resolver es si el asesinato de Randolph se enmarca o no en una violación de derechos humanos.

Los ex uniformados Mauricio Vera Cortesi y Jaime Barría Sánchez estiman que la muerte del estudiante de la UdeC fue un hecho delictual común, lo que será rebatido por el abogado querellante, David Vargas.

El profesional agregó que no siempre las violaciones de derechos humanos deben tener una connotación política.

En respaldo de los antecedentes que aportarán a la Corte los querellantes está un informe de la fiscal judicial Miriam Barlaro en el que respalda dejar el caso -ya con el sumario cerrado- en manos del ministro Aldana.