El Partido Socialista, a través de la Cámara de Diputados, solicitará a Gendarmería el detalle de los beneficios que gozan hoy los condenados por crímenes de la dictadura, quienes purgan penas en el Penal Cordillera y en la Cárcel de Punta Peuco.

El presidente de la colectividad opositora, Osvaldo Andrade, estimó que en las actuales condiciones no solo es posible cerrar del primero, como lo evalúa el gobierno, sino también el segundo.

La clausura de Punta Peuco requeriría una iniciativa derogatoria de la ley que le dio origen, contrariamente a la situación del Penal Cordillera, creado por un decreto del ex presidente Ricardo Lagos, por lo que su término es facultad del mandatario Sebastián Piñera.

Andrade dijo que el carácter de la transición, con Augusto Pinochet instalado como comandante en jefe del Ejército y acciones como el boinazo y el ejercicio de enlace, que sembraron el temor a una involución autoritaria, hicieron tomar decisiones como las de construir ambos penales.

Sin embargo, a su juicio, dichas condiciones ya no persisten.

El diputado demócrata cristiano Gabriel Ascencio, en tanto, destacó la determinación demostrada por el presidente Piñera para evaluar seriamente el cierre del Penal Cordillera.

Estimó que no fue un error levantar los penales Cordillera y Punta Peuco porque satisficieron la necesidad de encarcelar a los violadores de los derechos humanos.

En cambio, agregó, hoy están las condiciones para, al menos, cerrar el primero y trasladar a sus reos al segundo.