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La razón del Gobierno para ordenar el cierre del emblemático penal Cordillera

Felipe Fredes | Agencia Uno
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Esta semana el Presidente de la República, Sebastián Piñera, informará si ordena o no el cierre del penal Cordillera, lo que obligaría al traslado de 10 uniformados sentenciados por crímenes de lesa humanidad al recinto penitenciario Punta Peuco.

En el oficialismo las opiniones respecto de esta eventual clausura están divididas, mientras que en la oposición enfatizaron que “es momento de terminar con los privilegios”.

En las horas previas a la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado, el general en retiro del Ejército y ex director de la DINA, Manuel Contreras, concedió una entrevista a CNN Chile. Aquella pudo ser la última desde su actual centro de reclusión: el penal Cordillera.

Esto porque el presidente Sebastián Piñera analiza el informe entregado por el Ministerio de Justicia con las condiciones de infraestructura, funcionamiento y dotación de personal de este recinto.

Así lo reiteró la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien indicó que dentro de los próximos días se conocerá la decisión del Mandatario de cerrar o no el penal Cordillera.

Este criterio de “igualdad ante la ley en el cumplimiento de condenas” sería, según fuentes de Gobierno, el que terminaría por inclinar la balanza hacia la clausura de este recinto, lo que se podría concretar incluso antes de que Sebastián Piñera vuelva de Nueva York, lugar donde participa en la sexagésima octava asamblea de Naciones Unidas.

Desde el oficialismo, el diputado UDI, Iván Moreira, indicó que no sería justo que por las declaraciones de Manuel Contreras, se perjudique a reos de avanzada edad que cumplen sus sentencias en la cárcel Cordillera.

Mario Desbordes, secretario general de Renovación Nacional, pidió “igualdad ante la ley”, en alusión a las normativas e indultos que, en Gobiernos de Patricio Aylwin y Ricardo Lagos, beneficiaron a ex frentistas y lautaristas.

Desde la oposición, la senadora socialista Isabel Allende sostuvo que es hora de terminar con los privilegios que, a su juicio, tienen los 10 reclusos del penal Cordillera, y que se mantuvieron durante los gobiernos de la Concertación.

Óscar Benavides, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, se mostró a favor del cierre del penal Cordillera, argumentando que las condiciones de vida de estos reclusos es muy disímil a la situación carcelaria del país.

Actualmente en Punta Peuco cumplen sentencia 44 uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad.

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