Funcionarios de Gendarmería, apoyan el traslado de los reos del Penal Cordillera a Punta Peuco, argumentando que son excesivos los recursos que se destinan a estos recintos en desmedro de las precarias condiciones de trabajo que deben enfrentar en el resto de las cárceles del país. Lo que va en línea con la iniciativa que estudia el presidente Sebastián Piñera.

Parlamentarios de oposición aseguran que la medida se puede ordenar de inmediato, ya que responde simplemente a una decisión administrativa.

La molestia de Gendarmería de Chile se suma a las declaraciones del presidente Sebastián Piñera por las condiciones especiales en que se encuentran ex integrantes del Ejército en Punta Peuco y penal Cordillera, donde cumplen condenas por violaciones a los Derechos Humanos tras el Golpe Militar.

En estos centro de reclusión, especialmente adaptados para militares, se ofrecen privilegios como canchas de tenis, quinchos para hacer asados, televisión por cable y visitas diarias entre otros, aseguraron desde Gendarmería.

Desde la entidad encargada de los recintos carcelarios agregaron que los recursos destinados a estos “especiales reos”, van en desmedro de las condiciones precarias en que deben trabajar sus funcionarios con bajos salarios.

El presidente de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería, Óscar Ulloa, lamentó que el Estado destine tanto dinero en la mantención de estos lugares, cuando aún no se responden las demandas de los funcionarios que no descartan movilizaciones.

Además de pedir el traslado de los reos de Cordillera a Punta Peuco, la Asociación de Gendarmes solicitó formalmente que se castigue a Manuel Contreras durante una semana sin visitas por lo que declaró en TV, respecto a que los funcionarios “le pasan su bastón”. Dicha medida ya se estaría cumpliendo, aseguraron fuentes de Radio Bío Bío.

Esto último se suma a las explicaciones que se le solicitó al Ejército de Chile sobre militares que sirven de forma doméstica a Contreras, condenado a 300 años de cárcel, al interior del penal Cordillera.

El senador del MAS, Alejandro Navarro, explicó que si bien por medio de una ley se llegó al acuerdo de mantener militares en estos recintos, la facultad para trasladar a los 10 presos de Cordillera, custodiados por 40 gendarmes, lo tiene administrativamente dicha institución .

El parlamentario agregó que un estudio indica que en el recinto ubicado en Peñalolén se gasta cinco veces más que en una cárcel común.