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Juzgado hondureño ordena encarcelar a prominente dirigente indígena acusada de usurpación

Byron Valladares (cc)
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Un juzgado de Intibucá, en el oeste de Honduras, ordenó el viernes encarcelar a la prominente dirigente indígena lenca Bertha Cáceres, acusada de “usurpación” y “daños” a la propiedad por la fiscalía, informó la defensa.

“A Bertha Cáceres la juez le ordenó cárcel, ella tiene que presentarse al juzgado para que la remitan al centro penal y si no se presenta le emitirán orden de captura”, afirmó a la AFP Víctor Fernández, defensor de la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

Cáceres y sus compañeros del Copinh, Tomás Gómez y Aureliano Molina, fueron acusados por la Fiscalía de “usurpación” y “daños a la propiedad” ante una denuncia de la empresa Sinohydro, que pretende construir una represa hidroeléctrica en Río Branco, en el departamento de Intibucá, unos 200 km al oeste de la capital.

La empresa acusó a los tres dirigentes de encabezar una constante movilización durante el año con toma de la carretera por parte de los pobladores de Río Blanco, en protesta contra la construcción de la hidroeléctrica en un río de esa zona.

“Estas acusaciones están basadas en el puro racismo, es por ello también me declaro una perseguida política”, declaró Cáceres a radio Globo.

La dirigente indígena anunció que, al contrario de presentarse al juzgado, el sábado participará en una nueva protesta de pobladores y activistas de derechos humanos de otros países frente a la compañía.

Fernández dijo que la juez de la ciudad de La Esperanza, en Intibucá, Lissien Lisseth Knight, dictó auto de prisión para Gómez y Molina, pero con medidas cautelares de firmar un libro cada 15 días en el tribunal y no acercarse a la zona donde está establecida la empresa china.

El abogado anunció que la resolución de la juez será apelada, aunque eso no suspende las acciones por ella dictadas.

Los indígenas lencas rechazan la hidroeléctrica porque a su juicio dañará el río y se amparan en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de que los grupos étnicos tienen que ser consultados si se pretenden desarrollar obras en sus comunidades.

El gobierno de Porfirio Lobo autorizó a la empresa china la construcción con el argumento de que Río Blanco no es territorio indígenas y mandó a desplegar militares para proteger a los inversionistas.

El 16 de julio pasado un indígena lenca murió y su hijo menor resultó herido, cuando militares atacaron a tiros a los manifestantes.

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