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Caso Bilbao termina tras 16 años: sólo un imputado fue condenado a libertad vigilada por estafa

Corte de Apelaciones de Chillán | Poder Judicial
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Con un solo condenado se cerró definitivamente la arista penal de la investigación por la pérdida en 1997 de 4 millones de dólares en subsidios habitacionales y que debían ir a la construcción de mil casas. Tras 16 años, la Corte Suprema dictó el fallo y confirmó los 4 años de libertad vigilada para el empresario Carlos Worner Tapia.

A mediados de la década de los 90 se constituyó la sociedad Inversiones Bilbao entre Carlos Worner Tapia y Marco Antonio Sepúlveda. La constructora firmó contratos con una decena de comités de allegados que habían recibido subsidios del Serviu para la construcción de soluciones habitacionales para mil familias de la Región del Bío Bío.

En 1997, los 4 millones de dólares habían sido girados por el Fisco a Bilbao, no obstante el inexistente avance de obras. Fue entonces cuando se presentaron las querellas criminales, en las cuales se llegó a someter a proceso a seis personas, cuatro de ellas funcionarios públicos que fueron destituidas del Serviu, incluido su director regional, Ignacio Soler.

A más de 16 años del inicio del caso, la Corte Suprema dictó la sentencia definitiva, tras declarar inadmisibles los recursos de casación que intentaban revertir los fallos de primera y segunda instancia. En la resolución se concluye que el único responsable de la estafa es el gerente de Inversiones Bilbao, Carlos Worner.

El abogado Mario Sandaña -al insistir en la inocencia de su cliente- manifestó su rechazo al fallo, pero dijo que lo respetarán.

Un sabor agridulce le dejó al abogado Abelardo Landeros lo resuelto por el máximo tribunal. Y es que no obstante confirmó la inocencia de su defendido, el ex funcionario del Serviu Carlos Briceño, lamentó la tardanza de los jueces en establecer la verdad.

Carlos Worner deberá cumplir su pena en libertad, de acuerdo a lo señalado por los tribunales. Su abogado explicó por qué el beneficio, no obstante haber sido condenado también en una arista tributaria del caso Bilbao, por lo que pasó varios años privado de libertad.

Pendiente está aún una demanda civil en la que la aseguradora que finalmente restituyó los dineros al Fisco pide la devolución de los fondos al denunciar haber sido también víctima de una estafa por parte de la constructora. El pago de pólizas contratadas por Inversiones Bilbao permitió al Serviu entregar con 10 años de atraso las viviendas para las familias estafadas.

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