Activistas de derechos humanos en Estados Unidos reclaman la extradición del ex oficial del Ejército chileno Pedro Pablo Barrientos, acusado como uno de los autores del asesinato del cantante Victor Jara en 1973, mientras abogados del artista ya lo ubicaron en Florida.

Las peticiones de los activistas y la declaración de la abogada de la familia Jara en Estados Unidos coinciden con el 40 aniversario, este miércoles, del golpe militar contra el socialista Salvador Allende, que derivó en una dictadura de 17 años liderada por Augusto Pinochet.

“La demanda la introdujimos el pasado 4 de septiembre y el 5 fue notificado en su casa. Abrió la puerta de su casa en Daltona y recibió la demanda”, dijo a la AFP Christina Hioureas, abogada de la firma Chadbourne & Parke LLP que representa en Estados Unidos a la viuda, Joan Jara y a sus dos hijas, Manuela y Amanda.

La demanda fue presentada en el tribunal de Distrito Federal en Jacksonville, centro de Florida. Según Hioureas, Barrientos cuenta con 21 días desde el 5 de septiembre para responder a la demanda civil por los delitos de tortura, asesinato extrajudicial y crímenes de lesa humanidad.

Por el momento se desconoce si Barrientos ya contrató un abogado pero el acusado sigue esquivando a la prensa en Daltona, 420 km al norte de Miami, donde el año pasado había sido descubierto por un canal de televisión chileno.

Medios locales han apuntado esta semana que han tocado a la puerta de su casa y simplemente no contesta nadie. “Tengo entendido que sigue allí, él recibió la demanda y que ahora él es ciudadano estadounidense”, apuntó la abogada.

Para Christina Hioureas “esta demanda es un paso hacia la justicia para la familia Jara y los miles de chilenos que sufrieron bajo el régimen de Pinochet”.

Víctor Jara fue detenido, torturado y acribillado con 44 balazos días después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

“Al traer este caso, la familia Jara resalta las graves violaciones de los derechos humanos de esta época y toma una posición importante contra la impunidad de los violadores de los derechos humanos durante la dictadura militar” que imperó en Chile entre 1973 y 1990, dijo la abogada.

De forma paralela organizaciones defensoras de los derechos humanos han multiplicado los pedidos de extradición de Barrientos, que formalizó la justicia chilena a Estados Unidos el pasado mes de enero.

En las últimas 24 horas, la organización School of Americas (SOA) Watch puso en marcha una página de acción online, que ya ha generado más de 7.000 mensajes dirigidos a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos para pedirles que actúen en la extradición de Barrientos a Chile.

La organizadora de esta acción para SOA Watch, María Luisa Rosal, afirmó en un comunicado divulgado el martes que “este caso lo que revela es la hipocresía del gobierno de Estados Unidos, que pretende ser un bastión y protector de la democracia y los derechos humanos, pero es evidente que ha apoyado y participado en violaciones de forma activa de los derechos humanos en las Américas, así como minado los procesos democráticos, como en el caso de Chile”.

“La justicia para Victor Jara es esencial en la lucha contra la impunidad en Chile”, agregó. La Justicia chilena ordenó en diciembre pasado la detención de ocho exmilitares, dos de ellos acusados de ser los autores materiales del delito (uno de los cuales es Pedro Barrientos), y otros seis acusados de ser cómplices.

En marzo, cuatro de los detenidos acusados de complicidad accedieron a la libertad condicional.

Barrientos, un exteniente del Ejército chileno al momento del Golpe, fue acusado como uno de los autores materiales del crimen de Jara junto Hugo Sánchez Marmoti.