Un grupo de familiares de personas que murieron por la acción de de las organizaciones subversivas tras el golpe de Estado de 1973, encabezados por el secretario general de la Fundación Simón Yévenes, Raúl Meza, concurrirán al mediodía del miércoles al comando de la candidata Michelle Bachelet, a exigir que se pronuncie públicamente sobre la creación de una comisión de reparación para ellos.

Las familias están siendo representadas y patrocinadas por la fundación que recuerda al dirigente poblacional gremialista que murió en 1986, Simón Yévenes, presuntamente a manos de integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), crimen por el cual la UDI culpó directamente al Partido Comunista por su vínculo con la organización.

El abogado Meza recordó que las familias fueron recibidas, por primera vez desde el retorno de la democracia, por el actual gobierno de Sebastian Piñera, en octubre de 2011, ocasión en que entregaron un listado de 190 víctimas civiles y uniformadas que fueron objeto de violencia política de grupos armados.

La Fundación Simón Yévenes, junto a algunos familiares de las víctimas, entregarán a Bachelet ese listado con el objeto de que se estudie, durante su eventual gobierno, la creación de una comisión de reparación para los familiares de las víctimas, las cuales jamás han recibido hasta la fecha ningún tipo de beneficios por parte del Estado chileno, a diferencia de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos.

Además, se le exigirá a la ex mandataria que, en su eventual gobierno, se inicie la persecución judicial en contra de los autores, cómplices y encubridores de las muertes y atentados, a través del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Mediante un comunicado del abogado Meza se anunció que actual gobierno por intermedio de su Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, ya informó, que recibirá a la Fundación Simón Yévenes y a algunos familiares de las víctimas, después de Fiestas Patrias, sin embargo, ya les habrían adelantado que el proyecto para crear una comisión de reparación para víctimas del terrorismo no podrá ser implementado durante la actual administración