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Venezuela defiende su retiro de sistema interamericano de derechos humanos

AlejandroAndres (c)
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El canciller venezolano, Elías Jaua, defendió este sábado la decisión de su país de retirarse del sistema interamericano de derechos humanos -que se concretará el martes-, luego de que Amnistía Internacional (AI) exigiera la víspera al gobierno “revertir inmediatamente” la medida.

“No somos nosotros los que tenemos que rectificar como quieren algunas llamadas organizaciones de derechos humanos, son la Corte IDH y el sistema interamericano de derechos humanos los que tienen que rectificar”, dijo Jaua al cierre de la reunión del Consejo Político de la Alba en Caracas.

Amnistía exigió el viernes al gobierno de Nicolás Maduro “revertir inmediatamente” su denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se hará efectiva el martes, porque es contrario a la Constitución y una “afrenta” a víctimas de violaciones a derechos humanos.

Venezuela denunció la Convención hace un año por decisión del presidente Hugo Chávez, fallecido el 5 de marzo, por lo cual las violaciones a los derechos cometidas en este país no podrán ser objeto de escrutinio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ni de la Corte IDH.

“Mientras no haya una transformación integral (…) del sistema intereamericano de derechos humanos, Venezuela no volverá a permanecer en él”, zanjó Jaua.

El gobierno venezolano sostiene que las resoluciones de la CIDH y la Corte IDH se han convertido en “un brazo del imperio para agredir a Venezuela”.

Aún cuando se retire, Venezuela debe responder a los casos que hayan sido presentados previo a que tenga efecto la denuncia de la Convención.

El líder opositor venezolano Henrique Capriles ha anunciado que acudirá a la CIDH, con sede en San José, antes del 10 de septiembre para denunciar un supuesto fraude en la elección presidencial del pasado 14 de abril, en las que Maduro fue electo por una diferencia de 1,49% puntos porcentuales.

La oposición impugnó los resultados electorales ante el Tribunal Supremo de Justicia, que la declaró improcedente.

La Comisión analiza los casos y emite recomendaciones no vinculantes y puede elevar los procesos ante la Corte IDH, cuyos fallos deben ser acatados por los Estados signatarios de la Convención.

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