A más de seis meses de la muerte del dirigente sindical de la compañía Azeta, Juan Pablo Jiménez, su familia insiste en la tesis de un asesinato y no de un accidente por una “bala perdida”.
El informe del Servicio Médico Legal señaló que Jiménez murió producto de un impacto de bala en su cabeza cuando se encontraba sentado en una banca al interior de la empresa, ubicada en la comuna de San Joaquín.
La PDI estableció que el disparo había sido efectuado desde las cercanías de la población La Legua, pero que su destino no sería el dirigente, por lo que se maneja la hipótesis de la “bala perdida”.
La familia de Juan Pablo Jiménez cree lo contrario y contrató los servicios de la empresa privada de criminalistica Servicio de Atención de Víctimas, SAV, para indagar el caso.
Francisco Pulgar, perito de SAV, explicó que hasta ahora, y sólo basado en la carpeta investigativa, si se dieran las condiciones descritas como distancia, velocidad y trayectoria, existen incongruencias, porque la bala no pudo haber golpeado de punta a la cabeza de Juan Pablo Jiménez.
Francisco Pulgar agregó que para comprobar esta hipótesis requiere examinar la bala, la radiografía de la víctima y la reja en la que habría golpeado el proyectil antes de alcanzar la cabeza de Juan Pablo Jiménez.
Sin embargo, la abogada de la familia de Jiménez, María Rivera, señaló que la fiscalía sur ha dilatado la entrega de estos antecedentes.
Frente a este hecho, Ximena Acevedo, esposa de Juan Pablo Jiménez, insistió en sus dudas sobre los peritajes de la PDI.
Para el próximo 10 de septiembre a las 10:00 horas la fiscalía sur se comprometió con la familia de Juan Pablo Jiménez para darles a conocer las pruebas requeridas, antecedentes que permitirían confirmar la causa de muerte del dirigente y ratificar o descartar la hipótesis de la “bala perdida”
