En carta dirigida a Víctor Torres, presidente de la Comisión cultura y de las Artes de la Cámara de Diputados y con copia a todos sus pares, expresa que “su articulado desfigura su propósito y genera una institucionalidad que más que resolver viejos problemas, los aumenta con su propuesta, en lo conceptual, institucional, técnico y laboral.”

La carta, que adjuntamos a continuación, va acompañada de un extenso documento que analiza artículo por artículo en un documento de casi 20 páginas.

El documento está firmado por el Presidente del Colegio de Arquitectos, el destacado profesional, profesor y columnista Sebastián Grey y por Ana Paz Cárdenas, Presdenta del Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental de ese gremio.

Texto de la carta

Santiago, 29 de Agosto de 2013
Carta Nº 072-2013/pres-mb-MinCult

Señor
VICTOR TORRES JELDES
Diputado de la República
Presidente Comisión de Cultura y de las Artes
Cámara de Diputados
De nuestra consideración:

El Colegio de Arquitectos de Chile nace como asociación Gremial en 1942, no obstante su participación en políticas sobre patrimonio data desde los inicios de la primera Ley Monumentos promulgada en 1925, y posteriormente con una activa participación en su restructuración mediante la ley 17.288 de
1970.

Hoy es indudable la importante participación de nuestro gremio en todos los aspectos relacionados en la protección y debate sobre patrimonio y cultura, participando con un representante ad honorem en el Consejo de Monumentos Nacionales, quien ha colaborado con dicha institución tanto en la revisión de los diversos proyectos en consulta como también apoyando el funcionamiento interno del mismo.

Es por ello que el Proyecto de Ley del Ministerio de Cultura no nos es ajeno, puesto que la arquitectura es, en su definición histórica, un reflejo inequívoco de la respuesta cultural de un pueblo.

En este contexto, a continuación exponemos nuestra posición y adjuntamos un documento con nuestras observaciones institucionales al articulado:

1.- Valoramos que la institucionalidad pública de la Cultura y también del Patrimonio, sean llevadas anivel de un Ministerio dentro del Estado de Chile. Durante décadas una parte importante de los ciudadanos han solicitado que dicha institucionalidad tenga ese rango, lográndose sólo medidas intermedias, que si bien fueron un avance, no resolvieron temas de fondo, tanto legales como
institucionales.

2.- No obstante lo anterior, después de un detenido estudio, consulta a diversas personalidades y reuniones entre expertos, hemos llegado a la conclusión que dicho proyecto de ley, si bien en su mensaje contiene importantes ideas que compartimos en lo general, en su articulado desfigura su propósito y genera una institucionalidad que más que resolver viejos problemas, los aumenta con su propuesta, en lo conceptual, institucional, técnico y laboral.

3.- En lo conceptual, el proyecto no logra comprender las fronteras comunes y las diferencias específicas que implica abordar lo cultural y lo patrimonial en el presente. Tanto en una como en otra dimensión, deja los campos de la creación cultural y de la conservación del patrimonio al arbitrio y lógicas del mercado y de los fondos concursables. Estas estrategias no pueden ser las únicas privilegiadas en la Av. Libertador Bernardo O’Higgins #115, Santiago, Chile – (56 2) 23532300 – extension@colegioarquitectos.com – www.colegioarquitectos.com asignación de recursos, debiendo ser armonizadas con otras que fortalezcan la participación, complementación y una visión más integral, social y territorial.

4.- En lo institucional, no resuelve la dispersión que existe de normas y servicios públicos que tratan la cultura y el patrimonio, en los cuales la coherencia, coordinación y no competencia es esencial de abordar, como por ejemplo, para solo nombrar algunos, las políticas, planes y proyectos que se desarrollan en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Lo que es peor, desordena las atribuciones y funciones históricas que tienen la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, el Consejo de Monumentos Nacionales y las confunde aún más con las que se le asignaron al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

5.- En este aspecto, la creación de un nuevo servicio como la Dirección de Patrimonio y consejos a nivel nacional y regional, con dispersas funciones y atribuciones disuelven las instituciones históricas, más que modernizarlas, creará un sistema estatal farragoso, pesado y más burocrático que el actual.

6.- La orgánica ministerial que se propone podría ser mucho más simple creando dos subsecretarías, una dedicada a la cultura y otra al patrimonio, a las cuales se les encargaría coordinar los serviciospúblicos ya existentes, potenciando las coordinaciones necesarias entre sus unidades, tanto en lo político como en su accionar programático, evitando las duplicidades y ambigüedades existentes y fomentando además la vinculación con otros ministerios en lo que corresponde a la planificación territorial y distribución de los recursos.

7.- En lo técnico, se requiere actualizar la legislación de Monumentos Nacionales, transformando la actual en una Ley del Patrimonio, cuestión que el actual proyecto no enfrenta y que podría resolver con modificaciones de algunos artículos, evitándonos así una nueva discusión parlamentaria y varios años más de demora a problemas que llevan décadas: como la descentralización, el tratamiento del patrimonio inmaterial, nuevas categorías de manejo, incentivos e instrumentos de gestión y de financiamiento.

8.- En lo laboral, lejos de dar seguridad a los trabajadores de la cultura y el patrimonio, repite los mismos errores de otros servicios públicos creados en los últimos años, no reconociendo antigüedades, experiencias acumuladas, estableciendo sistemas que promueven la inestabilidad funcionaria y desaprovechando la experiencia de los trabajadores en la comprensión de los problemas institucionales que los aquejan en su accionar diario.

9.- En lo político, el citado proyecto adolece de un problema de origen al no haber considerado y convocado la participación de las organizaciones de la sociedad civil, los colegios profesionales, el mundo académico, los partidos políticos, las comunidades urbanas y rurales, y los pueblos indígenas, con el objeto de llegar al Congreso con un proyecto más consensuado y maduro. Aún más, la presentación del actual proyecto a su tramitación cuando quedan pocos meses del actual gobierno Av. Libertador Bernardo O’Higgins #115, Santiago, Chile – (56 2) 23532300 – extension@colegioarquitectos.com – www.colegioarquitectos.com creemos que es inoportuno, demostrando que su intencionalidad es más testimonial, ya que el mismo quedará sin piso político y en la más completa orfandad.

En razón de los puntos arriba expuestos, creemos que lo más indicado es retirar el proyecto de ley presentado, dejando libre el camino para que un nuevo proceso de deliberación proponga una iniciativa que no repita los vicios que tiene el actual.