En medio del intercambio de críticas entre Chile y Argentina, a quien se acusa de atentar contra las operaciones de LAN en su territorio, surgen denuncias que cuestionan al gobierno chileno en su trato a inversores extranjeros, al impedir que empresas uruguayas ingresen al creciente mercado de las plantas de revisión técnica automotriz.

Se trata de las firmas Guly y Handler, sociedades anónimas uruguayas, inscritas en Chile, que compraron las bases de licitación para operar establecimientos de revisión técnica, extendidas por el Ministerio de Transportes, sin embargo, se encontraron con la sorpresa de que no pueden participar en el negocio, pues los requisitos señalan que sólo “podrán presentar propuestas personas naturales y/o jurídicas constituidas en Chile“.

Una barrera que contrasta con las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien respondiendo al gobierno trasandino sobre las posibilidades de Aerolíneas Argentinas en nuestro país, dijo que en Chile “tenemos la política de tratar a la inversión extranjera igual que a la inversión local. No discriminamos y eso mismo es lo que racionalmente solicitamos“.

Esta marginación de empresas foráneas fue ratificada en la consulta número 182 que debió responder la Subsecretaría de Transportes en la resolución exenta 1048/2013: “¿Las sociedades extranjeras constituidas en el extranjero e inscritas en Chile, pueden participar en el proceso de licitación?“. La respuesta fue tajante: “No. Las sociedades deben estar constituidas en Chile“.

Se vulnerarían acuerdos bilaterales

Fue así como el abogado Cristián Heerwagen, representando a Guly, demandó al Ministerio ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y el 22º Juzgado Civil de Santiago, acusándolo de “discriminación arbitraria” al “impedir, restringir y entorpecer la libre competencia“. Los argumentos de mayor peso evocan los acuerdos comerciales firmados y ratificados, hace no muchos años, por Chile y Uruguay.

En efecto, el Acuerdo sobre Inversiones Chile-Uruguay, firmado el 2010, señala que cada país se compromete a otorgar a los inversionistas de la otra parte “un trato no menos favorable” al que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas. Mientras que el Acuerdo de Contratación Pública entre ambas repúblicas, ratificado el 2012, manifiesta el compromiso de “una apertura efectiva y recíproca de los mercados de contrataciones públicas entre las partes (…) asegurando un trato no discriminatorio en el territorio de la otra parte”.

El abogado demandante considera incomprensible este impedimento, señalando que no existía en las anteriores licitaciones. “¿Qué le sucedió al Ministerio de Transportes para aplicar una suerte de xenofobia contra las sociedades extranjeras? ¿Que no ha sido la inversión extranjera la que ha hecho crecer este país?“, se pregunta Heerwagen.

El abogado está a la espera de lo que resuelva el TDLC mientras que del Ministerio de Transportes no ha recibido más que “una actitud burlona. Se sienten poderosos, que pueden hacer lo que les de la gana”, afirma el jurista.

En BioBioChile solicitamos al MTT una explicación sobre las razones para limitar la oferta sólo a empresas nacionales, sin embargo, señalaron que no pueden referirse al tema hasta finalizar el proceso en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Otras demandas

Existe cautela en el ministerio y es que no es la única demanda que ha llegado al TDLC por esta licitación. Ramírez y Compañía Limitada y Applus Revisiones Técnicas de Chile demandaron al ministerio encabezado por Pedro Pablo Errázuriz por riesgo de colusión entre los oferentes, al permitirles presentar boletas de garantía antes de conocer la oferta técnica y económica.

De hecho, Applus afirma que se permitió competir a empresas “estrechamente ligadas entre sí”, controladas por grupos empresariales, simulando poseer entidades independientes, según explica la denunciante en su demanda, pre-adjudicando la licitación a dos de ellas.