El senador opositor boliviano Roger Pinto, que huyó a Brasil la semana pasada con ayuda de un diplomático brasileño, no quiere “politizar” su caso y espera que “en breve” se defina su situación de asilado, indicó el domingo su abogado.

“El senador está bien de salud y confía que en breve su situación de asilado político sea definida por el gobierno brasileño. Quiere que sus derechos de asilado sean garantizados”, indicó su abogado Fernando Tiburcio a la estatal Agencia Brasil.

Pinto fue trasladado a una hacienda en Goiás y espera en los próximos días, después de recibir el estatus de refugiado, reunirse en Acre (norte de Brasil) con su familia de la que está separado hace más de un año.

“Lo que nos preocupa, y por eso estará fuera de Brasilia, es la politización del caso, que puede entorpecer el debate técnico y jurídico”, indicó el abogado.

El senador permaneció refugiado por más de 15 meses en la embajada brasileña en La Paz, y le fue concedido el asilo político en Brasil, pero el gobierno de Evo Morales, que reclama que le sea devuelto, no le daba el salvoconducto para salir del país.

Finalmente, el encargado de negocios de la embajada brasileña ayudó a Pinto a fugarse el 23 de agosto hacia Brasil en un vehículo diplomático, escoltado por militares brasileños.

El hecho generó una crisis entre ambos países que llevó a la salida del gobierno brasileño del canciller Antonio Patriota, quien fue reemplazado por el embajador Luiz Alberto Figueiredo.

El viernes, Tiburcio dijo que Pinto negociaba la posibilidad de asilarse en otros dos países sudamericanos, fronterizos con Brasil.

“Insistiremos en que Pinto se quede en territorio brasileño, pero tenemos que negociar alternativas si eso no es posible”, dijo entonces el abogado.

Mientras se evalúa un pedido de refugio, el gobierno no puede dar curso a posibles solicitudes de extradición ni deportarlo.

El senador está prófugo de la justicia en su país, luego de haber sido sentenciado a un año de cárcel por mal uso de recursos públicos.

Pinto se dice víctima de persecución política, tras haber denunciado que funcionarios del gobierno de Morales están involucrados en casos de corrupción y narcotráfico.