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Corte de Colombia avala reforma para reinsertar a guerrilleros en la política

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La Corte Constitucional de Colombia avaló este miércoles una propuesta de reforma a la Carta Magna que permitiría la entrada a la vida política de los guerrilleros que dejen las armas al cabo de un proceso de paz, informó ese tribunal.

La enmienda, conocida como marco jurídico para la paz y que había sido aprobada por el Congreso en 2012, fue respaldada por siete de los nueve magistrados de la Corte, según un comunicado oficial.

“Este es un paso importantísimo en ese anhelo que todos los colombianos queremos, un país en paz”, se felicitó el presidente Juan Manuel Santos al comentar el fallo.

La Corte aclaró que para aplicar el marco jurídico para la paz deberá cumplirse con una serie de requisitos, entre estos la efectiva “terminación del conflicto armado” con el grupo desmovilizado y la entrega de las armas.

Además, resaltó que se deberá investigar y juzgar los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática e imputársele a sus máximos responsables.

La reforma prevé la suspensión en el cumplimiento de penas a los guerrilleros que se desmovilicen, así como su participación activa en política, entre otras disposiciones.

El gobierno de Santos ha impulsado esta reforma por considerarla como la base jurídica para el proceso de paz que lleva adelante en La Habana con la guerrilla comunista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Sin embargo, la delegación guerrillera en el proceso de paz criticó también este miércoles esa enmienda.

“El problema del marco jurídico es que es una iniciativa unilateral y por eso hemos señalado que no la acogemos”, dijo el jefe negociador de las FARC, Iván Márquez, afirmando que este proyecto constituye un “esfuerzo inútil” de Santos.

“Sacrificar algo de justicia en aras de la paz”

Uno de los puntos más sensibles en los diálogos de paz es qué tipo de justicia se aplicará a los guerrilleros, y especialmente a la cúpula de las FARC, cuyos miembros han sido todos condenados en ausencia por diversos delitos.

Santos, que se ha propuesto tener firmado para fines de este año un documento de paz con la guerrilla, sostiene que para acabar con el conflicto armado de casi medio siglo es necesario acudir a mecanismos de la justicia transicional.

Así, el marco jurídico para la paz, que deberá ser desarrollado en diversas leyes, establece también una jerarquía, de modo que se aplique sólo a los “máximos responsables” de la guerrilla en abusos y violaciones.

“Esa es una de las partes más difíciles de negociar y de vender, porque todavía no hemos llegado al punto de definir cómo sería la aplicación de esa justicia transicional”, dijo esta semana el presidente.

“Algo de justicia se va a tener que sacrificar en aras de la paz. Ese es el fondo de todo conflicto que se quiere solucionar: ¿hasta qué punto la sociedad está dispuesta a sacrificar?”, añadió.

El conflicto armado de Colombia, en el que también han participado otras guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, grupos narcotraficantes y agentes del Estado, ha dejado desde los años 1960 unos 600.000 muertos y más de 4,5 millones de desplazados por la violencia.

La verdad sobre las víctimas y su reparación forma parte del debate en La Habana, y aunque las delegaciones aún no han entrado a discutir ese punto, tanto el presidente Santos como las FARC han adelantado ya un pedido de perdón por su responsabilidad en varios crímenes.

“Lo que estamos buscando es que (los guerrilleros) cambien las balas por los votos, las armas por los argumentos, que por primera vez en más de medio siglo se pueda hacer política sin armas, sin violencia”, subrayó Santos.

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