Nicaragua debate la conveniencia o no de flexibilizar la ley de violencia contra las mujeres, tal como lo propone un proyecto que estudia el Congreso y que permitiría pactos económicos con las víctimas en algunos casos.

Conforme al proyecto, sólo se podrá optar por la mediación cuando el delito de agresión tenga una pena menor a los cinco años de prisión y el acusado carezca de antecedentes penales. Si cumple esos requisitos, podría pactar con su víctima un arreglo monetario.

“Hay un catálogo de delitos que podrían abrirse a la mediación”, dijo a periodistas la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Juana Méndez, al defender la propuesta que llevaron al Congreso.

El texto del proyecto contempla delitos como lesiones físicas, psicológicas o patrimoniales leves, amenazas, sustracción de hijos o violencia laboral.

Algunos grupos, entre abogados, líderes de la iglesia católica, evangélica y ciudadanos, califican la ley existente como “exagerada”, ya que castiga incluso los piropos.

Pero para organizaciones feministas la reforma no es conveniente, ya que alegan que el 30% de las mujeres que pactaron acuerdos con sus victimarios fueron asesinadas, antes de que entrara en vigor esta ley, en junio del 2012.

La ley castiga el femicidio con la pena máxima de 30 años y sanciona con dureza diferentes tipos de violencia hacia las mujeres.

Al menos 47 mujeres han sido asesinadas en Nicaragua en los primeros siete meses de este año -un 2% más que en el período anterior, según el organismo Católicas por el Derecho a Decidir.

La mayoría de las víctimas fueron baleadas, macheteadas o degolladas por sus parejas, ex novios, algún miembro de su familia o desconocidos, según el informe.