Una serie de irregularidades en el Instituto de Previsión Social (IPS) fueron detectadas por Contraloría, respecto al pago de la “Pensión Básica Solidaria de Vejez” (PBSV), hecho que podrían incluso configurar un eventual delito de estafa.
De acuerdo a lo publicado este martes por The Clinic, el ente contralor determinó anomalías en la entrega de los dineros a 960 personas por un monto cercano a los $114.110.000, pese a que aparecen en el Registro Civil como fallecidos.
Ante la evidencia, Contraloría ordenó un sumario interno, remitiendo además los datos al Ministerio Público, que podría abrir una investigación penal.
Pero además, se descubrió que 14.456 personas obtuvieron el beneficio pese a superar el puntaje mínimo de 1.206 puntos en el Puntaje de Focalización Previsional (PFP), llegando incluso algunos a figurar con 61.686 puntos.
Al respecto, el ente encabezado por Ramiro Mendoza calificó los hechos como falta de control y rigurosidad del ISP, debido a que no hay una metodología que permita controlar rutinariamente la entrega del beneficio, por lo cual se corre el riesgo de subsidiar a personas que no cumplen los requisitos.
Por otro lado, se evidenciaron otros problemas, como la falta de firmas en los documentos oficiales y expedientes extraviados.
Ante las anomalías detectadas, el ISP señaló que volvieron a dar instrucciones para corregir los problemas, respuesta que fue calificada de insuficiente por la Contraloría, al no existir antecedentes que ratifiquen esas medidas.
