La diputada UDI Marisol Turres criticó el proyecto de Ley que busca garantizar el derecho a voto a las personas privadas de libertad, como una medida para evitar la alta abstención que se registró en las elecciones municipales.

Manifestó que en regiones como la de Los Lagos se debe asegurar en forma prioritaria que los ciudadanos de las decenas de islas, cordillera y de las zonas más aisladas puedan ejercer su derecho a voto.

Agregó que el Servel de Los Lagos ha señalado que para abrir nuevos lugares de votación o circunscripciones electorales se requiere una población electoral que lo justifique y además que cuente con la infraestructura suficiente para que funcionen adecuadamente, y con ese criterio discrecional de “población” no se crean lugares de votación en sectores rurales.

Asimismo, añadió que una vez que el Gobierno asegure el derecho a voto de ciudadanos que sí respetan la ley, debiera preocuparse de los condenados a penas de hasta tres años y de algunos casos que podrían ser analizados en el Congreso. Esto porque existen chilenos que quieren votar pero no pueden hacerlo porque viven en zonas aisladas.

Por ultimó señaló reconocer que los condenados a penas de hasta 3 años siguen siendo ciudadanos, pero que el Juez de Garantía de Santiago se equivoca al ordenar que Servel y Gendarmería aseguren el derecho a voto de condenados en la cárcel pública, pues antes es necesario modificar la ley de Votaciones Populares y la ley Orgánica sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.