En octubre podrían realizarse los alegatos por la solicitud de desafuero interpuesta en contra del diputado de RN Rosauro Martínez, quien es sindicado como el líder de una patrulla del Ejército que habría ejecutado a integrantes del MIR en la cordillera de Neltume, en 1981.

La Corte de Apelaciones de Valdivia, que revisa esa solicitud, determinó este lunes que para garantizar el derecho a defensa del parlamentario se accedió a la solicitud de sus abogados, concediéndose un plazo de dos meses para que estos preparen su defensa a contar de esta fecha.

El abogado querellante en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Vladimir Riesco, calificó como excesivo el plazo decretado por la corte.

Mucho más drástico fue otro de los querellantes, el abogado Eduardo Contreras, quien cuestionó en duros términos al pleno de la Corte de Apelaciones de Valdivia, calificando la decisión como un intento de proteger la carrera parlamentaria de Martínez.

El abogado Contreras anunció que reclamará ante la Corte Suprema por la resolución del tribunal de alzada valdiviano.

La solicitud de desafuero se da en el marco de la investigación de los homicidios de Patricio Alejandro Calfuquir Henríquez, José Eugenio Monsalve Sandoval y Próspero del Carmen Guzmán Torres, tres miristas que fueron ejecutados en Neltume por una patrulla del Ejercito en el marco de una operación de inteligencia la que, según los querellantes, habría sido liderada por el diputado RN.