Las parejas casadas de soldados estadounidenses homosexuales recibirán el 3 de septiembre los mismos derechos y beneficios que los cónyuges heterosexuales, como el seguro de salud y la vivienda en las bases militares, anunció el miércoles el jefe del Pentágono, Chuck Hagel.

Esta decisión se produce tras el reconocimiento del matrimonio homosexual por el gobierno federal como resultado de la anulación el 26 de junio por la Corte Suprema de Justicia de la llamada “Ley de Defensa del Matrimonio” (DOMA), la norma que definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

Para las parejas homosexuales casadas, los beneficios se aplicarán con carácter retroactivo al 26 de junio.

Para los soldados desplegados en alguna base de los 37 estados de Estados Unidos que no reconocen el matrimonio homosexual, el Pentágono les concederá hasta 10 días para que ingresen en un estado que reconoce el matrimonio homosexual y se casen para beneficiarse posteriormente de las prestaciones que ofrece el Departamento de Defensa.

“Esto permitirá un acceso expedito al conjunto de prestaciones abiertas a todas las parejas militares casadas en todo el Departamento de Defensa”, indicó el secretario de Defensa en un memorando.

Como símbolo de estos nuevos derechos, las parejas homosexuales en las que uno de sus miembros sea militar pueden ser enterradas en el prestigioso cementerio nacional de Arlington, cerca de Washington, donde están enterrados cerca de 400.000 soldados y sus cónyuges, así como el presidente John Fitzgerald Kennedy.

Tras la derogación del tabú homosexual en el ejército en septiembre de 2011, que obligaba a los gays y lesbianas a ocultar su homosexualidad bajo pena de destitución militar, el Pentágono ya había decidido en febrero ofrecer ciertos beneficios a los cónyuges del mismo sexo, como la autorización de licencia en caso de emergencia.

Pero la mayor parte de los beneficios, como el seguro de salud para el cónyuge o la prestación de la vivienda, eran imposibles mientras estuviera vigente la ley DOMA.

El Pentágono estima que la anulación de la ley DOMA concierne a unas 5.600 personas activas, entre ellos 17.000 de la Guardia Nacional, personal de reserva y retirados.