La misión de seis expertos de la ONU que analizará el armamento cubano decomisado hace un mes en un vetusto carguero norcoreano es esperada el martes en Panamá, mientras decenas de trabajadores seguían este viernes sacando el azúcar usada para esconder los contenedores con misiles, radares y aviones.
“Los trabajos de inspección del buque nos han permitido sacar el 75%” de los cientos de miles de sacos de azúcar cubana estibados individualmente para esconder el armamento, dijo a la AFP Javier Caraballo, el fiscal encargado del caso.
Según Caraballo, hasta el momento se ha completado la revisión de tres de las cinco bodegas del Chong Chon Gang, interceptado por sospecha de transporte de drogas el 10 de julio antes de que ingresara al Canal.
El buque permanece amarrado en Muelle Manzanillo en Colón, mientras los 35 tripulantes siguen alojados en Fuerte Sherman, una antigua base militar estadounidense, donde según Cruz Roja disponen de video, televisión satelital, climatización, área de deportes, zona de fumadores y hasta una pequeña playa.
Al descubrir el armamento en el buque, y en vista de las sanciones de Naciones Unidas contra el régimen de Pyongyang, Panamá pidió a la ONU una misión de inspección.
El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, explicó este viernes ante el Congreso panameño que los expertos “no vienen a hacer una investigación, sino a identificar que ese armamento, independientemente de su condición, viola (o no) las resoluciones de Naciones Unidas”.
“El destino de Corea del Norte es lo que agrava la situación”, añadió el funcionario, según el cual, el informe final será confidencial.
En Nueva York, la embajadora de Luxemburgo ante la ONU, Sylvie Lucas, quien además preside la comisión de sanciones a Corea del Norte, indicó que “el equipo (de expertos) irá la semana que viene a Panamá, del 13 al 15 de agosto para ayudar en la investigación”.
La fiscalía panameña precisó este viernes en un comunicado que la delegación de expertos estará en Panamá “entre el 13 al 16 de agosto” y advirtió que no habrá declaraciones públicas de los expertos.
El panel de seis inspectores -dijeron fuentes panameñas a la AFP- está liderado por David Martin Uden, exembajador británico en Corea del Sur y desde 2012 coordinador del Grupo de Expertos de ONU encargado de las sanciones contra el país asiático.
Otros miembros son el experto en armas de destrucción masiva, el surcoreano Jang-Keun Lee, el francés especialista en tecnología de misiles, Erik Marzolf y el sudafricano Neil Watts, conocedor de transporte marítimo, así como el chino Chang Guo (control de exportaciones) y el estadounidense William Newcomb, quien calculará los gastos que ha deparado la detención de la nave.
La llegada del grupo se demoró debido a la lentitud de los trabajos para retirar cientos de miles de sacos de azúcar, que fueron estibados en forma individual, algo totalmente inusual y que solamente se explica -a juicio de expertos- porque se buscaba entorpecer cualquier descarga.
Los trabajos además tuvieron interrupciones por la fumigación necesaria para acabar con la proliferación de insectos atraídos por el azúcar.
Según Mulino, entre el armamento encontrado hay aviones de guerra, sistemas de misiles antiaéreos y sus equipos de guía, cohetes, explosivos y camiones de comando y control.
Cuba reconoció la propiedad del armamento, al que califica de “defensivo y obsoleto”, mientras que las autoridades norcoreanas aseguran que todo se trata “de un contrato legítimo” para reacondicionar las armas cubanas.
“Con independencia de cualquier presión, manifestación o reconocimiento que haga este panel de expertos”, el Ministerio Público de Panamá “ya tiene una investigación de carácter penal”, advirtió la fiscal jefe, Ana Belfon.
El Canal de Panamá tiene un estatuto de neutralidad y se autoriza el cruce de buques transportando material militar a condición de que sea declarado previamente para poner en marcha una serie de protocolos.
Los marinos del buque detenido, que según Cruz Roja “están bien y estables”, podrían ser condenados por contrabando de armas, y ser sancionados con hasta 12 años de cárcel.
Cruz Roja está haciendo gestiones para que los arrestados, que han sido visitados por el Comité Internacional de la Cruz Roja, puedan contactar a sus familias.