En el segundo día de juicio por el colapso del Alto Río el abogado Alejandro Espinoza, por los acusados, señaló que el cambio en la normativa de construcción decretada tras el terremoto, deja al descubierto falencias que incidieron en la tragedia que causó la muerte de ocho residentes del edificio y lesiones graves a otros siete.
Marcelo González, quien perdió a su esposa e hijo de 9 meses al desplomarse el edificio Alto Río el 27 de febrero de 2010, fue el primer testigo de la Fiscalía en el segundo juicio contra los ejecutivos de la constructora Socovil, los ingenieros y los jefes de obra del proyecto inmobiliario.
Dio cuenta de problemas estructurales detectados antes del 27F, como la fragilidad de las paredes del departamento 704 que su familia habitaba y fracturas en los muros del estacionamiento, que se habrían generado con un temblor ocurrido en enero de 2010.
Durante su alegato de apertura, el abogado defensor, Alejandro Espinoza, reconoció problemas con el diseño, atribuidos sin embargo a una falla en la normativa vigente al momento del terremoto sobre construcción en Chile.
Ese antecedente, agregó el abogado, elimina la responsabilidad que el Ministerio Público intenta atribuir a los dueños de Socovil e incluso a quienes trabajaron en la clasificación de suelo y en la construcción misma del Alto Río.
Sobre la falta de idoneidad de los jefes de obra esgrimida por el fiscal Nelson Vigueras en su alegato de apertura, la abogada Fabiola García señaló que la contratación de ese personal no está reglamentada en la ley, aunque defendió la experiencia de sus clientes.
Otro aspecto del alegato del abogado Espinoza fue la reiteración de su solicitud para que el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, además de absolver a sus defendidos, condene en costas a los querellantes en el caso, por la acusación por homicidio presentada, la que calificó de injuriosa.
