Este lunes las autoridades militares y policiales tomaron temporalmente el control de la seguridad interna en las cárceles de Honduras, luego de una balacera entre presos que dejó tres muertos en una prisión sobreoblada, ubicada cerca de Tegucigalpa, el pasado sábado.
La decisión fue tomada este lunes por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que integran el presidente Porfirio Lobo, los ministros de Defensa y de Seguridad y los directores de las cárceles, quienes definieron “un plan estratégico” de seguridad.
El ministro de Seguridad, Arturo Corrales, explicó en conferencia de prensa que, militares y policías tomarán el control de los centros penitenciarios de Támara (20 km al norte de Tegucigalpa) y San Pedro Sula (240 km al norte) a partir del martes y por 90 días.
“A partir del día de mañana (martes) existirán dos controles de seguridad en los centros penitenciarios de Támara y San Pedro Sula (con 2.844 y 2.200 presos respectivamente) y posteriormente en los otros centros del país”, anunció el ministro.
El plan consiste en el establecimiento de dos anillos de seguridad en ambos penales, donde todas las personas serán sometidas a rigurosos registros hasta con “rayos x”.
“En el primer anillo, sea quien sea, desde el director de centros penitenciarios, un custodio, un visitante o una autoridad”, deberá someterse a un registro ineludible, explicó.
El segundo anillo estará integrado por los custodios de las cárceles que han tenido a su cargo la seguridad pero serán sometidos a exámenes “de rigor” para prevenir que no se presten al ingreso de armas y drogas. Subrayó que habrá una fuerza de seguridad masculina y una femenina para el registro de hombres y mujeres.
La mañana del sábado tres miembros de la Mara 18 (M-18) fallecieron y otros seis reos resultaron heridos, a los que se sumaron algunos con lesiones leves, en un enfrentamiento entre pandillas en la Penitenciaría Nacional de Támara.
El director de prisiones, Simeón Flores, reconoció que en el enfrentamiento en la cárcel los reclusos utilizaron fusiles de asalto AK-47 y al menos tres granadas.
Según Flores, la posesión por parte de los presos de tales armas refleja los niveles de corrupción prevalentes en el sistema penitenciario hondureño.
Cabe recordar que el viernes pasado, en la víspera del accidente, la relatoría de los privados de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había entregado a Lobo un informe según el cual el principal problema de las cárceles de Honduras es el autogobierno cedido a los reclusos y justificado por las autoridades en la falta de personal.
El informe sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras subraya que ese autogobierno deriva en toda clase de abusos y extorsiones internas y permite además que desde la cárcel se planifiquen secuestros y otros crímenes.
