Hasta la Contraloría General de la República podrían llegar integrantes de la comunidad indígena Maicolpi, en San Juan de la Costa, para solicitar una investigación respecto a como se ha desarrollado el proceso de otorgamiento de espacios marinos en el marco de la implementación de la Ley de Borde Costero, más conocida como Ley Lafquenche.
Según Miguel Cheuqueman, asesor técnico de la Identidad Territorial Lafquenche, organización a la que se adscribe la comunidad indígena, la forma en la que se ha determinado el proceso de entrega de tales espacios marinos presenta varios vicios, siendo el primero de ellos la cantidad de millas marinas dispuestas para cada organización comunitaria demandante, a saber tres, siendo que se ha establecido que por uso consuetudinario, al menos debiera acceder a 12 millas.
Otro de los vicios que reconocen, es que el estudio de la institución que fundamenta la entrega de tal cantidad de millas, nunca fue notificado a los integrantes de la comunidad de Maicolpi- Río Sur, pese a lo cual se realizó una consulta en la misma, sin entregar la información al respecto.
De ahí es que analizan seriamente llegar hasta la Contraloría para que analice los procedimiento ejecutados por la institución.
La situación ha causado tal disgusto en los integrantes de la comunidad, que el pasado lunes reiteraron la solicitud de espacio marino que habían presentado en la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, con asiento en Puerto Montt; sin embargo, para no perder tal derecho decidieron reingresarla, sin que eso signifique que aceptan la cantidad de espacio otorgada.
De hecho, existen fallos judiciales sobre la misma problemática que han ratificado la postura de las comunidades indígenas sobre el hecho de que les corresponde 12 millas y no tres, pese a lo cual según Cheuqueman, no se quiere llegar aún a estas instancias, pues aún queda la participación de Contraloría.
Cheuqueman afirmó que continuarán oponiéndose a todo el proceso bajo el cual se ha llevado la entrega del borde costero a las comunidades indígenas, reiterando que está viciado y que pese a ello, la misma Comisión de Uso del Borde Costero quería hacer pasar como inadvertido, sin tomar en cuenta el derecho consuetudinario.
