Tras la última visita al Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, el ministro Claudio Gutiérrez, a cargo de fiscalizar el funcionamiento de ese juzgado, detectó un alto número audiencias suspendidas, por lo que habría sugerido a la Corte de Apelaciones indagar las razones de esa negativa situación.

Coincidiendo con el inicio de bullados juicios, de una larga extensión en algunos casos, la evaluación del magistrado Claudio Gutiérrez no fue la mejor respecto del trabajo en el tribunal penquista.

Durante la última revisión de las estadísticas, el ministro de la Corte de Concepción detectó un alza en la suspensión de audiencias, lo que se traduce en un aplazamiento de los juicios.

Según datos recopilados por La Radio, las audiencias suspendidas sería dos o tres veces más que el año pasado, lo que se traduce en una administración de justicia no oportuna, indicó una fuente judicial.

Por eso es que el ministro Gutiérrez habría propuesto al Pleno del tribunal de alzada investigar las razones de esta realidad, medida que sería votada en los próximos días.

Radio Bío Bío intentó infructuosamente obtener una versión de la Corte de Apelaciones de Concepción, informándose de parte del ministro Gutiérrez que él no se refería públicamente a antecedentes entregados al Pleno.

Fuentes judiciales consultadas reconocen el aplazamiento de los juicios, responsabilizándose de ello a los fiscales y defensores, que son -se dice- quienes solicitan la suspensión de las audiencias por motivos que van desde la no comparecencia de acusados al cambio de defensor, lo que obliga a que el nuevo abogado deba tener más tiempo para estudiar la causa.

Un conocido abogado expresó que es una pésima señal que a los intervinientes se les esté permitiendo controlar los tiempos en la justicia penal, igual como ocurre en el ámbito civil.

Un ejemplo de la forma en que fue aplazado un juicio es el caso Rivera, que desde diciembre fue postergado hasta marzo y luego a mayo. Primero la suspensión fue planteada por el Tribunal Oral a la Fiscalía y la Defensoría. La razón oficial fue que en verano podría haber testigos imposibilitados de concurrir a la audiencia.

En marzo se volvió a aplazar ya que hubo cambio de defensor, otorgándose un plazo de dos meses para el estudio del caso.