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Fiscalía reformaliza a altos ejecutivos de La Polar

Sebastián Rodríguez | Agencia UNO
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Este jueves se realizó la audiencia de reformalización de cuatro altos ejecutivos de La Polar, presidido por el fiscal José Morales en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago.

El Ministerio Público reformalizó a los imputador por presunta entrega de información falsa a la Superintendencia de Bancos, y estableció que sus motivos para realizar las repactaciones ilegales era enriquecerse.

Se trata del ex presidente del directorio de La Polar, Pablo Alcalde; la ex gerente de Administración, María Isabel Farah; y el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno; entre otros.

Tras cuatro horas, el Segundo Juzgado de Garantía estableció un nuevo plazo de 90 investigación en el caso.

Para Álex Carocca, abogado de María Isabel Farah, esto no cambiaría mucho el estado actual de su causa, pero insiste en que no está conforme con la gente que actualmente está siendo investigada.

El abogado Jorge Bofill, defensor de Pablo Alcalde, solicitó una serie de diligencias de una base de datos que de momento les ha sido inaccesible, lo que para ellos podría significar un vuelco en el caso.

Bofill insistió en la inocencia de Alcalde, y coincidió con que la nueva imputación no es un evento tan novedoso.

El fiscal José Morales no quiso aventurar las penas a solicitar por el total de delitos, que corresponden además del anterior, a entrega de información falsa al mercado, declaración maliciosamente falsa de emisión en la valores de oferta pública, uso de información privilegiada, obtención fraudulenta de créditos y lavado de activos.

Por otra parte, reiteró que los ejecutivos estaban en conocimiento de las repactaciones unilaterales y la entrega de información falsa al mercado.

406 accionistas minoritarios, a través de su abogada Bárbara Salinas, se manifestaron satisfechos con esta indagación y el nuevo plazo.

No obstante, el defensor asegura que el sistema en sí se preocupó de las víctimas de las repactaciones unilaterales, pero no de ayudarlos a ellos, que también tuvieron cuantiosas pérdidas.

Pese al plazo, Bofill enfatizó que el Ministerio Público podía cerrar la investigación cuando estimara conveniente.

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