La Fiscalía de Atacama cerró la investigación por el derrumbe ocurrido en la mina San José tras una investigación de tres años, en la que finalmente el Ministerio Público determinó que no existían antecedentes suficientes para continuar la indagación contra los dueños del yacimiento, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, ni tampoco contra las autoridades del Sernageomin.
Entre las querellas que se presentaron en esta causa estuvo una presentada por la Municipalidad de Caldera, por cuasi delito de homicidio. El documento apuntaba a la empresa y a funcionarios públicos que habrían dejado de cumplir normativas de seguridad.
Durante la invesigación, Fiscalía ordenó a la PDI hallanar las oficinas de la empresa y las oficinas del Sernageomin, para conocer el historial del yacimiento. En la investigación se intentó aclarar el cierre de la mina el año 2007 y la autorización para su reapertura en el 2008.
La investigación se abrió “de oficio” tras el derrumbe que el 5 de agosto de 2010 sepultó a más de 66 metros de profundidad a 33 mineros, uno de ellos de nacionalidad boliviana.
La mina San José, explotada por más de un siglo, había sido clausura un año antes del derrumbe por el accidente de unos de sus trabajadores, pero volvió a operar autorizada por el Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin), que acusó falta de personal para realizar una mayor fiscalización.
La investigación tenía como principales inculpados a los dueños del yacimiento, los empresarios Marcelo Kemeny y Alejandro Bohn.
