Fue la Fiscalía Nacional el lugar donde se inició la jornada de interrogaciones a los involucrados, en calidad de testigo, en el marco de la investigación por supuestos abusos cometidos por menores al interior de las Aldeas SOS del organismo estatal.
Abusos que fueron recogidos en el proyecto de Unicef y el poder judicial – que se denominó “Levantamiento y Unificación de Información de los Niños y Niñas y Adolescentes en el Sistema Residencial Aldeas Infantiles SOS Chile” – y en él se entrevistaron a 392 menores durante el segundo semestre del 2012.
El objetivo de estos interrogatorios es determinar las identidades de aquellos menores que fueron objeto de encuestas y que habrían manifestado haber sido víctimas de algún ilícito, ya sea en el ámbito sexual o de maltrato físico. Así lo informó el fiscal que investiga de manera preferente la causa, Juan Agustín Meléndez.
La primera en entregar declaraciones fue una de las asesoras que participó en la elaboración del informe que revela graves vulneraciones a menores de hogares del Sename, Paulina Gómez, quien llegó a las 09:00 para entregar su testimonio en calidad de testigo.
Para las 11:30 estaba programado que declarara la psicóloga consultora de Unicef, Soledad Larraín, sin embargo no lo hizo al acogerse a la inmunidad diplomática con la que cuenta el organismo internacional.
En este contexto, La Fiscalía Nacional remitió a través de la Cancillería que la psicóloga sí tiene la obligación de entregar declaraciones.
Desde Unicef afirmaron que manifestaron a la Fiscalía y a los órganos del Estado su voluntad de colaborar con la investigación, la cual se realizará en el marco de la “Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de Naciones Unidas” del año 1946, la cual establece que la notificación y citación a declarar del personal de un organismo de Naciones Unidas debe ser remitido por los procedimientos vigentes.
En el caso de Unicef, dicha notificación y citación debe ser cursada a través de la sede ubicada en Nueva York, para su revisión y tramitación.
