El Juzgado de Garantía de Valdivia otorgó dos meses para que fiscalía formalice la investigación por muerte de un universitario, la que fue cerrada por falta de antecedentes para acusar a terceros.

Se trata de la causa del Emmanuel Uribe Cañete, quien murió de un tiro en la cabeza en extrañas circunstancias el 9 de julio del 2010, cuando estaba en una cabaña junto a otros jóvenes.

La fiscal Patricia Ibarra pidió a principios de mes la facultad de no perseverar por la inexistencia de antecedentes suficientes para emprender una acusación, sosteniendo que la víctima habría fallecido por un disparo accidental, según un informe pericial consolidado y después de más de dos años de investigación.

Este lunes en audiencia pública, la parte querellante pidió que se les faculte para subrogar los derechos que les corresponden al Ministerio Público y llevar la acusación. El tribunal no otorgó esta petición porque la indagación no estaba formalizada.

De todas formas, accedió a que la fiscalía en un plazo de dos meses formalice la investigación, como lo indicó el abogado Rodrigo Cortés.

Por su parte, Elisa Cañete, madre del estudiante de Educación Física de la Universidad San Sebastián, valoró esta nueva instancia en el caso con miras a que –según su postura-, sean llevados a juicio el o los responsables de la muerte de su hijo.

Para la fiscalía regional, esta es una determinación insólita e improcedente porque –según afirman-, debido a que el citado artículo 186 del Código Procesal Penal es aplicable a los imputados y no a las víctimas, y además porque esta causa ya se encuentra cerrada y se comunicó ante el mismo tribunal la decisión de no perseverar en el procedimiento.

El ente persecutor estimó que la decisión del tribunal no es vinculante, por cuanto la decisión de formalizar una investigación es de exclusiva libertad de la fiscalía, por lo que se encuentra analizando los pasos a seguir para dejar sin efecto esta resolución.

En todo caso, el abogado querellante sostuvo que si la fiscalía no formaliza investigación recurrirá al Tribunal Constitucional para obtener la facultad de continuar con la acusación.