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Ministerio Público confirma grabación ilegal contra Fiscal por parte de funcionarios policiales

Archivo | Francisco Castillo | Agencia UNO
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Los fiscales de la zona Occidente, que investigan una presunta red de corrupción de la Policía de Investigaciones, confirmaron que el fiscal Emiliano Arias habría sido grabado ilegalmente por funcionarios policiales.

Este viernes debía tener lugar una audiencia de cautela de garantías en el caso, donde a 10 funcionarios de la PDI formalizados por 126 delitos, entre otros corrupción, detenciones ilegales, asociación ilícita, tortura y amenazas. No obstante, ésta se reagendó para el 2 de agosto.

El subinspector Raúl Álvarez y el inspector Kurt Borneck cumplirán 9 meses en prisión preventiva junto a sus pares, y su abogado Christian Bouchette dijo que como parte de la prueba, unas escuchas telefónicas han “desaparecido”, lo que les dificulta poder establecer una respuesta a la futura acusación en contra de sus defendidos.

Esto tomó otro rumbo después de que, de acuerdo a CiperChile, se estableció que un grupo de detectives habría grabado de forma ilegal al fiscal del caso, Emiliano Arias, donde habría reconocido haber realizado denuncias falsas a través del número 134 para acelerar autorizaciones judiciales de allanamientos, lo que supondría un delito.

El hecho anterior está en manos del fiscal jefe de la zona Centro Norte, Andrés Montes.

Por la complejidad de la causa, la Fiscalía Occidente estableció un equipo, al que a Arias se sumaron la jefa regional Solange Huerta, y los fiscales Pablo Alonso y Patricia Muñoz. Ésta condenó la supuesta grabación e hizo un llamado a los poderes del Estado a hacerse cargo de esta situación.

El vicepresidente de la Asociación de Fiscales, Marcelo Leiva, respaldó a Arias al establecer que la grabación, de comprobarse, reviste la mayor gravedad.

En la Fiscalía Occidente aseguran que Emiliano Arias en ningún momento vulneró ningún proceso ni administrativo ni legal. La investigación del caso de presunta corrupción fue cerrada este viernes, por lo que el Ministerio Público dispone de 10 días para presentar la acusación oficial.

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