El fiscal regional Juan Agustín Meléndez, quien investiga los presuntos abusos contra menores en hogares de protección, confirmó que tomará declaraciones a las juezas que realizaron el cuestionado informe.

Con oficios al Presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, y al director del Sename, Rolando Melo, comenzaron las diligencias en torno a las investigación sobre la encuesta que realizaron juezas de familia y la UNICEF, donde se describen abusos sexuales, físicos y sicológicos, prostitución y consumo de drogas al interior de hogares para menores en diez regiones del país.

El fiscal Meléndez pidió además a 21 tribunales de familia que aparecen mencionados en dicho informe que entreguen todos los antecedentes que poseen, teniendo en cuenta que este estudio se hizo bajo el anonimato de los encuestados.

La autoridad adelantó que le tomará declaraciones a todos los involucrados en esta situación, incluyendo las juezas de familia y personal de la Unicef que estuvieron a cargo.

En la sesión de la comisión de la cámara de diputados por este informe, quedó establecido que los antecedentes eran conocidos desde noviembre pasado por quienes elaboraron la encuesta y en marzo lograron tener acceso también miembros de la Corte Suprema y el Sename.

El fiscal Meléndez, designado hace sólo una semana para investigar los hechos, recordó que todos los funcionarios públicos tienen el deber de denunciar de inmediato cuando están en presencia de algún ilícito.

Asimismo conformó un equipo con 23 efectivos de la Policía de Investigaciones que realizarán las indagatorias en los hogares distribuidos en diez regiones del país.