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Vocera de Pacific Fish critica poco apoyo por parte de las autoridades de Los Lagos

Archivo | Agencia UNO
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La vocera de los trabajadores de Pacific Fish, Maria Elena Antiñanco, manifestó que el apoyo de las autoridades regionales ha sido bastante débil, e hizo un llamado para que se hagan parte de este problema social, en el marco de la sexta jornada de toma y movilizaciones en la empresa.

Un grupo de ex trabajadores de la salmonera Pacific Fish, afectados por el no pago de sus remuneraciones correspondientes a cuatro años, iniciaron una manifestación pacífica durante este lunes en el frontis de la Gobernación de la Provincia de Llanquihue, tras cumplirse 6 días de iniciada la toma de las dependencias, en el kilómetro 12,5 camino a Los Muermos.

El objetivo de esta manifestación -que fue apoyada por la Central Unitaria de Trabajadores de la provincia de Llanquihue-, fue difundir sus demandas y solicitar apoyo tanto a la comunidad como a las autoridades regionales acerca de sus demandas, a las que se suman el pago de las últimas 10 cotizaciones, sala cuna y años de servicios.

La vocera de los trabajadores de Pacific Fish, María Elena Antiñanco, señaló que el apoyo de las autoridades regionales ha sido débil, esto en alusión al Gobernador de la Provincia de Llanquihue Francisco Muñoz, al Alcalde de Puerto Montt Gervoy Paredes y al Alcalde de los Muermos Emilio González.

Es por esto, que les hizo un llamado para que se unan a este problema y colaboren en una solución.

Asimismo, el Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de la provincia de Llanquihue, José Pacheco, manifestó que les preocupa la insensibilidad del sistema y de las autoridades, quiénes en cuatro años no han buscado soluciones a esto.

Del mismo modo, dijo que se debe reparar la ley de quiebra, porque no puede dejar fuera del pago de estas deudas a los más de 80 trabajadores.

Pacheco agregó que la propia administración de la empresa el año 2009 engañó a estos funcionarios, al prestarles asesoría con el propio abogado de la empresa, quién no presentó la demanda y luego les ocultó los documentos. Estas prácticas son incorrectas y están en conocimiento de los parlamentarios y las autoridades regionales de la época, además de la Dirección del Trabajo.

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