Leonardo Comas, dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Regionales del Sename -Anfur- críticó el informe de la Corte Suprema y la Unicef por ser solo una muestra, afirmando que las irregularidades de vulnerabilidad de derechos a los menores son materia de denuncia de los mismos funcionarios de los centros, hace más de 10 años.
La declaración la hizo en el marco de la información que se reveló en un informe entregado por las instituciones, donde se plantea la transgresión de los derechos a los menores, instancia en la que se constituyen delitos, razón por lo cual el Servicio Nacional de Menores determinó efectuar el cierre de 4 establecimientos a nivel nacional, incluyendo uno de Valparaíso.
En entrevista con Radio Bío Bio, Leonardo Comas, afirmó que los funcionarios llevan más de 10 años denunciando las irregularidades que se producen, criticando con ello el informe emitido por Unicef junto a la Corte Suprema y haciendo énfasis en que – según él – sólo se trata de una muestra de encuestas.
Según consignó Comas, la situación de vulnerabilidad de derechos de los menores, se produce por el bajo número de supervisores existentes, ya que solo en la Región de Valparaíso existen más de 40 programas que son ejecutados por privados y que en definitiva son atendidos sólo por dos supervisores del Sename.
Sin embargo, el panorama se repite a nivel nacional, ya que existe un gran número de programas con baja supervisión por parte del Sename y donde los funcionarios hacen un llamado al Gobierno a realizar las políticas suficientes para mejorar los recursos en está materia, en que la infancia se ve vulnerada porque los recursos son insuficientes.
Además, el dirigente descartó el cierre en Valparaíso de los centros de protección de Playa Ancha o Lihuén, puesto que según el informe, el cierre correspondería a una institución colaboradora del Sename, desconociendo el nombre de la organización afectada.
Respecto a las cifras que se han entregado en relación a los establecimientos que estarían incurriendo en delitos, el dirigente manifestó que es imposible dar un número exácto puesto que se tendría que hacer un análisis por cada uno de los niños que son atendidos y desmintiendo con ello que el 75% de establecimientos colaboradores están afectados en la región, dato que fue calificado como falso.
